El pasado 8 de junio la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley Bitcoin, marco jurídico que reconoce a esta divisa digital como una
moneda de curso legal en el país.
Derivado de esta decisión, existe temor que se puedan reportar prácticas ilegales y se pueda afectar la transparencia del sistema financiero salvadoreño, pues el país centroamericano es el primer territorio en aprobar un marco jurídico de este tipo.
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Para el
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la falta de transparencia del bitcoin podría aumentar el riesgo de lavado de dinero si las regulaciones no cumplen completamente con los estándares del GAFI.
Días atrás el GAFI emitió una opinión en la que explicó que "
... los bancos corresponsales podrían requerir una debida diligencia y controles más detallados sobre las instituciones financieras de El Salvador si las regulaciones y controles no son lo suficientemente sólidos para evitar la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".
Para la calificadora de riesgo
Fitch Ratings, el uso de curso legal del Bitcoin aumentarían los riesgos regulatorios, financieros y operativos de las instituciones financieras, incluido el peligro potencial de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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