Secreto bancario y percepción internacional

  • Miércoles 19 de Junio de 2019
En su próxima evaluación la OCDE podría rebajar la calificación de Guatemala, debido a que en agosto del año pasado fue suspendido el acceso a información bancaria con orden judicial, lo cual podría generar un encarecimiento del crédito.
En agosto de 2018 la se suspendió temporalmente el artículo de la ley que en Guatemala facilitaba el acceso a la información bancaria de empresas con una orden judicial a solicitud de las autoridades tributarias.

Para las autoridades guatemaltecas, este factor podría afectar en la siguiente evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo informe será presentado a finales de mes o en julio.

Para Víctor Manuel Martínez, ministro de Finanzas, "... Hay una preocupación seria de la calificación que tiene el país por compromisos a nivel internacional, y eso se debe a la suspensión de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que ya no se acceda a la información bancaria de manera directa de los contribuyentes para fines tributarios'.”

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Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, explicó a Prensalibre.com que "... el país está en peligro de disminuir un grado de calificación con la OCDE y que esto tendría repercusiones en la economía, pero sobre todo en el sector financiero que atiende al comercio exterior (importaciones y exportaciones). Guatemala tiene la calificación de OCDE en cuatro, pero en esta próxima evaluación, por el factor del secreto bancario, podría llegar al cinco, que implicaría encarecer los créditos o líneas de crédito (cartas) para el intercambio comercial."

El tema del secreto bancario en el país resurgió semanas atrás, pues luego de la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Guatemala, el organismo internacional advirtió que revertir la disminución en la recaudación de impuestos pasa por fortalecer el control de los grandes contribuyentes, mejorar el uso de la información tributaria para reducir el incumplimiento, reasignar recursos hacia auditorías basadas en el riesgo, y reconsiderar el levantamiento del secreto bancario a efectos de auditoría tributaria.









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