Viajeros de negocios y normas migratorias

De la Columna Tributaria de Deloitte Costa Rica:

Consideraciones acerca de los viajeros de negocios
Por: Lic. Diego Padilla Durán
Consultor Junior

A partir del 2013, la Dirección General de Migración y Extranjería está tomando medidas para una implementación más eficiente de las sanciones establecidas en el artículo 33 de la Ley General de Migración y Extranjería, Ley N.° 8764. De acuerdo con esta normativa, se estará cobrando la suma de cien dólares en moneda americana ($100) por cada mes de estadía irregular en el país a las personas que no cumplan con los requerimientos de la ley en la materia.

Sirve esta oportunidad para que las compañías internacionales evalúen el tratamiento que se ha brindado en años anteriores a los conocidos como viajeros de negocios (business travelers) desde una perspectiva integral. Esto cobra especial importancia dado que esta práctica común en el mercado profesional internacional no cuenta con regulación adecuada en materia migratoria, ni un reflejo adecuado en las obligaciones tributarias y laborales asociadas a las asignaciones internacionales.

La realidad demuestra que los viajeros de negocios participan de un sinfín de situaciones económicas distintas en nuestro país y conviene hacer una revisión multidisciplinaria del tratamiento que las compañías hacen de los mismos para los efectos del cumplimiento de las obligaciones normativas en nuestro país. La estructura del pago, la inclusión en planilla, los impuestos aplicables, la cantidad de días en el país, el tipo de actividades generadas y el reflejo contable de los costos asociados son algunos de los temas frecuentes que surgen en el día a día de las consultas en la materia. Cabe reconocer que todas estas áreas tienen un impacto en la normativa e institucionalidad migratoria, tributaria y de seguridad social en Costa Rica.

En estricto apego al Estado de Derecho, la construcción normativa e institucional actual nos enfrenta a una gran cantidad de limitaciones y obstáculos en la actualidad para dar soluciones sencillas a la anomia que se presenta en este tema. En el ínterin, parece recomendable para las empresas el generar una inversión de tiempo en evaluar estas asignaciones y sus implicaciones para quienes requieren la presencia de estos individuos en el proceso de globalización del comercio.

En el escenario actual, la mejor justificación legal y procedimental constituye el medio más efectivo para el empresario de reflejar su voluntad e interés de generar el mayor apego a las reglas locales, incluso si nuestra capacidad institucional y legal aún tiene mucho camino por recorrer para dar soluciones razonables a las demandas del mercado internacional.