“¿Vos estás hablando en serio?”. Un periodista no pudo contener la duda y le tuvo que preguntar a Jorge Brítez si lo que estaba diciendo era una chicana política o si debía tomarlo al pie de la letra. El legislador no dudó y respondió categóricamente que sí. Estaba anunciando la presentación de un proyecto de ley que permita, literalmente, legalizar el robo en Paraguay, a modo de subsistencia para las personas que se encuentran sin poder trabajar por las restricciones gubernamentales.
Incluso se animó a una suma: 10000 guaraníes, lo que equivale a un dólar con cincuenta centavos. Sin titubear, el diputado paraguayo dijo que, dadas las circunstancias actuales, en las que el Gobierno “no deja trabajar a la gente”, habría que impulsar una legislación que permita a los asaltantes sustraer este monto, para poder llevar comida a la casa. Ante los cuestionamientos de los cronistas, Brítez explicó que aceptaba abrir su proyecto al debate parlamentario, para discutir los montos y la implementación de lo que serían los asaltos contemplados por la ley.
La imposibilidad de rango constitucional y el planteo lógico detrás de la locura
“La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial”, dice el artículo 109 de la Constitución Nacional de Paraguay. En el caso eventual de una mayoría circunstancial delirante en el cuerpo legislativo que apruebe un mamarracho inaplicable semejante como este, la normativa sería dejada sin efecto por la Justicia con un simple fallo: es inconstitucional.
Sin embargo, y más allá de lo triste que resulta que un legislador no conozca lo más básico de la Constitución de su país, detrás del proyecto de Brítez, que ya reconoció que se trataba de un “llamado de atención” para el oficialismo, hay una lógica preocupación. Esto es la situación de los más humildes, que trabajan en la informalidad, y se vieron impedidos de desarrollar sus labores que les garantizan la mínima subsistencia.
El alto nivel de informalidad en la región dejó en evidencia la imposibilidad de las cuarentenas más ortodoxas, que sí han podido funcionar con menos sobresaltos en otros lugares del mundo. Es válida la preocupación de Brítez y justa su indignación con este problema en particular, claro que su solución es inadmisible, impracticable e impresentable. Lamentablemente, los legisladores más razonables en América Latina no han reparado en esta problemática demasiado a la hora de implementar muchas de las restricciones por la pandemia.
No es la primera vez
Jorge Brítez ya había sido “viralizado” no solamente en Paraguay, sino en toda la región en más de una oportunidad. Cuando comenzó el drama del COVID-19, el diputado se arrancó la camisa en medio de su discurso en el recinto, para protestar por las políticas del Gobierno en relación con Ciudad del Este. En otra ocasión, el legislador apareció en un extraño video arrastrándose y haciendo cosas sin sentido, por lo que la prensa paraguaya señaló que estaba “drogado”.