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Conservadores buscan sustituto

Alvarado inhibido, Partido Conservador lo nombra jefe de campaña y “futuro ministro
de la Presidencia”

Lourdes Arróliga

Después de una vigilia de catorce días en las instalaciones del Consejo Supremo Electoral (CSE) a la espera de una resolución final, la “guillotina” política cayó sobre José Antonio Alvarado, candidato vicepresidencial por el Partido Conservador, quien fue inhibido de participar en las elecciones nacionales del próximo cuatro de noviembre.

La votación fue dividida; cuatro votos de los magistrados liberales eliminaron a Alvarado, decisión que se impuso ante los tres votos de los magistrados sandinistas, a favor de la participación del político.

La impugnación de oficio emitida por el CSE, se basó en el artículo 77 inciso octavo de la Ley Electoral, que establece que “aquellos ciudadanos que hubiesen renunciado a otra nacionalidad antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, deberán presentar copia de La Gaceta, Diario Oficial, en la que ofrece dicha renuncia”. Sin embargo, una fe de errata publicada en La Gaceta el 22 de marzo del 2000, cambió la palabra “ofrece” por “conste”.

Este fue el argumento utilizado para la muerte política de Alvarado. “No se está cuestionando su nacionalidad. Él es nicaragüense, pero la Ley Electoral exige ciertos requisitos para los candidatos y él no presentó la publicación de La Gaceta en la que conste que renunció a la nacionalidad norteamericana”, dijo Roberto Rivas, presidente del CSE, quien también es pariente lejano de Alvarado y colega de labores en la Universidad Católica (UNICA), en la cual ambos son funcionarios.

Las pruebas de Alvarado

José Antonio Alvarado

Al momento de inscribir su candidatura ante el CSE, Alvarado presentó una publicación de La Gaceta número 49, que demuestra que recuperó su nacionalidad nicaragüense.

El inciso tercero de dicho documento especifica que “el señor José Antonio Alvarado Correa, ha hecho manifiesto su deseo de recuperar la nacionalidad nicaragüense, renunciando expresamente a la nacionalidad adquirida mediante solicitud debidamente autenticada”. Además, presentó certificación del Departamento de Estado, en la que consta que renunció a la ciudadanía estadounidense.

Sin embargo, esto no fue suficiente, pues la decisión de los magistrados liberales era irrevocable. “Sólo presentó la recuperación de la nacionalidad nicaragüense, pero tenía que publicar en La Gaceta una constancia de la misma”, insistió Rivas.

Momentos antes de conocer la resolución oficial del CSE, Alvarado —en compañía de Noel Vidaurre—, candidato presidencial del Partido Conservador, notificaron a los medios de prensa la inhibición del político.

“Hemos recibido una llamada de adentro diciéndonos sobre el asesinato político que acaban de cometer las autoridades del Consejo Supremo al inhibir de oficio a José Antonio Alvarado”, dijo Vidaurre, en las afueras del CSE ante un grupo de simpatizantes del vicepresidencial.

“No existe ningún argumento jurídico válido. Esta es una decisión política que han tomado los magistrados liberales que responden al doctor (Arnoldo) Alemán (presidente de la República)”, agregó el presidencial de los conservadores.

Por su parte, Alvarado cuestionó la “confiabilidad” del proceso electoral del cuatro de noviembre próximo. “La credibilidad del Consejo está por el suelo, no existe, tampoco la legitimidad en la toma de decisiones. Podríamos argumentar que se han abierto las puertas de un caos electoral”, indicó.

El vicepresidencial lamentó el fallo en su contra “no porque no pueda correr en esta candidatura, sino porque se ha sentado una herida en el corazón de los nicaragüenses, en la oportunidad que debe tener un pueblo para expresar su criterio y su derecho”.

Partido Conservador tendrá nuevo plazo

La parálisis que causó el caso Alvarado en el CSE produjo un retraso de dos semanas en el calendario electoral. Las autoridades han decidido fijar nuevos plazos para los requerimientos de los partidos políticos de cara a los comicios nacionales.

Ahora el Partido Conservador tendrá como plazo hasta el 26 de junio para inscribir a su candidato vicepresidencial. ¿Quién será el sustituto de Alvarado?
En la atmósfera se mencionan varios nombres: Rosa Marina Zelaya, ex presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), la empresaria Lucía Salvo, Cristiana Chamorro, hija de la ex presidente de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, y Mario Rappaciolli, Ernesto Leal, y Edgard Paguaga, éstos últimos líderes conservadores.

Sin embargo, Vidaurre negó dichos nombramientos. “Cualquier nombre que se diga no es más que especulación, porque no hay ninguna conversación sobre el tema todavía. No tenemos al candidato sustituto, es algo que tenemos que discutir con mucha calma. Vamos a sentarnos a conversar con José Antonio y con otros miembros del partido y de la alianza para que finalmente se tome una decisión oportunamente”, declaró.

Vidaurre también anunció el nombramiento de José Antonio Alvarado como jefe de campaña del Partido Conservador y “futuro ministro de la Presidencia y miembro del gabinete del gobierno conservador”.

En las elecciones municipales del 2000 el CSE inhibió a Pedro Solórzano, candidato a alcalde de Managua por el Partido Conservador —el favorito a ocupar el cargo según las encuestas—, por no ser habitante del municipio, de acuerdo a la interpretación de la Ley Electoral por parte de los magistrados de ese poder.

Solórzano fue nombrado jefe de campaña del partido para impulsar al candidato sustituto William Báez. Sin embargo los esfuerzos fueron vanos. La alcaldía capitalina quedó en manos de Herty Lewites, el candidato del Frente Sandinista.



Etica y Transparencia en desacuerdo con fallo

Carlos Tünnermann

El organismo cívico Etica y Transparencia manifestó su desacuerdo con la resolución del CSE en contra de Alvarado. “El Consejo no hubiera inhibido a Alvarado de oficio, eso le correspondía a los partidos políticos”, dijo Carlos Tünnermann, presidente del mismo.

“El artículo 84 de la Ley Electoral dice que cuando se deniegue una solicitud o rechace a un candidato por no llenar los requisitos de ley, el CSE debe mandar a subsanar los requisitos”, indicó Tünnermann.

El presidente de Etica y Transparencia criticó la resolución en contra de Alvarado. “La constitución y las leyes deben prevalecer por encima de cualquier interés político partidario y ellos (los magistrados) fueron electos para aplicar la ley y no para actuar conforme a criterios políticos”, concluyó Tünnermann.