León

Encomenderos de Occidente lograron una prórroga en el cobro de impuestos que pretende imponerle la Administración de Aduanas por traer y llevar artículos entre Nicaragua y Costa Rica.

“Tenemos seis años de trasladar encomiendas y ahora nos quieren obligar a inscribirnos como importadores, aún teniendo una cuota fija.

No queremos entrar a ese régimen porque a cada saco le aplicarían el 30 por ciento del valor igual que lo que le aplican a un jean o mercadería que entra de Panamá”, dijo María Rojas, coordinadora de la Asociación de Encomenderos de Occidente, que aglutina a más de cincuenta miembros.

Los envíos consisten principalmente en ropa, juguetes y electrodomésticos usados que en la mayoría de casos los patrones regalan a sus empleados. También traen provisión, pues --según los encomenderos-- hay madres que prefieren enviar alimentos en vez de dinero para garantizar que lleguen a sus hijos.

No existe ley que los regule

De acuerdo a María Rojas, no hay ley que regule el servicio de encomienda, por tanto no pueden retenerles el producto más de diez días ni impedirles que sigan con esta actividad.

“La gente manda hasta queque, manzanas y embodegarlos en Managua es una grosería, es un servicio el que prestamos, no somos vendedores de mercadería como los que viajan a Panamá o Guatemala, lo que no gustaría saber es quién tiene interés en este negocio”, refirió la representante de los encomenderos.

Gran parte de los envíos son hacia los municipios pobres como Santa Rosa del Peñón, El Jicaral y el Sauce, en donde la gente ha emigrado hacia el sur en busca de empleo. En cada uno existe un encomendero que cobra por el servicio de transporte.

Cándida Icabalzeta trabaja en Costa Rica y a menudo manda regalos a sus hijos. Ella consideró que no es justo que mientras sufren lejos de su país en donde no hay empleo, el gobierno restrinja lo poco que pueden enviar.

Prórroga sólo en este mes

Ante la situación de los encomenderos, varios diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano sostuvieron un encuentro con el jefe de aduanas de Peñas Blancas y autoridades policiales de Rivas.

“Conversamos con ellos y seguiremos haciendo gestiones para regular la actividad de los encomenderos. Conseguimos extender el plazo sólo en este mes, pero debemos buscar una solución definitiva”, afirmó el diputado Rigoberto Sampson.

Pío Gámez, del Parlacen, también dijo que hay que revisar el trato que tienen los conciudadanos en las fronteras, pues saben que hay violaciones en sus derechos y debe existir un trato especial para los nacionales, principalmente de aquellos que vienen de Costa Rica.