Vilma Núñez de Escorcia.

LA PRENSA/ ARCHIVO

Washington/EFE

La "ilegal" reelección que busca el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las elecciones del 6 de noviembre, ha polarizado la sociedad y creado un clima de tensión en el que se ha recrudecido la persecución contra quienes se oponen, así lo afirmó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.

Núñez hizo las declaraciones en una audiencia del 141 periodo de sesiones que celebra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que recalcó que el "empeño" de Ortega en la reelección "ha polarizado la sociedad y creado un clima de tensión e incertidumbre".

"Se inscribió con un mensaje de concentración de poder" y promovió la candidatura a la Vicepresidencia del exjefe del Ejército Omar Halleslevens, afirmó.

El actual gobernante aspira a continuar en el poder por cinco años más pese a que existe una norma constitucional que prohíbe la reelección inmediata, que, sin embargo, fue declarada inaplicable por magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia.

El líder sandinista está en su segundo mandato (2007-2012), tras gobernar Nicaragua de 1985 a 1990.

Núñez denunció que "la campaña electoral ha recrudecido la persecución contra la sociedad civil".

Su organización y otras han sido "obstaculizadas y agredidas psicológicamente" por grupos que se identifican como juventud sandinistas.

Dijo que el Gobierno de Nicaragua está haciendo todo lo posible para "legitimar" la reelección de Ortega.

El Centro por la Justicia y el derecho Internacional (Cejil) afirmó que periodistas y manifestantes que se oponen a la reelección y las actuaciones ilegítimas del Consejo Supremo Electoral (CSE) se han visto afectados por medidas restrictivas.

Mauro Ampie, de Cenidh, recordó que las elecciones en Nicaragua están siendo organizadas por un CSE cuyos magistrados ejercen sus cargos a pesar de que sus nombramientos ya vencieron, y que estos avalaron el fraude electoral en las elecciones municipales de 2008.

"La posibilidad de que se sancione delitos electorales es escasa", señaló este defensor, quien también expuso ante la CIDH.

Cenidh también indicó que el Gobierno y el CSE obstaculizan la observación internacional, al igual que la entrega de cédulas.

SOLICITAN VISITA A NICARAGUA

Erick Sota, de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), solicitó a la CIDH que efectúe "en el menor plazo" una visita a Nicaragua, exija a ese país que garantice el derecho al voto, cese toda práctica limite el ejercicio de la libertad de expresión y evite que se obstaculice la labor de los defensores.

Por parte del Estado nicaragüense, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales Argüello, defendió el voto sobre la reelección de Ortega y dijo sobre los magistrados del CSE cuyos mandatos vencieron que mientras no nombrara la Asamblea Nacional a los nuevos funcionarios, rige un decreto de Ortega para evitar "el caos y la falta de gobernabilidad".

El representante alterno de Nicaragua ante la Organización de Estados Americano (OEA), Luis Exequiel Alvarado, acusó a los participantes de haber "iniciado y terminado su discurso como un partido político".

Además, aseguró que en Nicaragua hay "diversidad" de opiniones y que el Gobierno está comprometido a garantizar unas elecciones "legítimas, libres y transparentes" en el que el pueblo pueda acudir a votar en "igualdad" de condiciones.

El relator de la CIDH para Nicaragua, Felipe González, calificó de "inapropiadas" las palabras de Alvarado, dijo que no era la única vez que se planteaban denuncias de amedrentamiento que sufre la sociedad civil en Nicaragua y agregó que quisiera viajar al país.