Existe hoy en Colombia una fuerte sensación de optimismo. Después de importantes mejoras en seguridad durante la última década, el Presidente Juan Santos aceptó el deseo público de progreso social, que durante la presidencia de Álvaro Uribe estuvo en segundo plano y dio a conocer un paquete de reformas económicas y sociales. La reducción de la pobreza es una prioridad en su agenda y la restitución de tierras a quienes fueron forzados a abandonarlas por parte de los grupos armados, se ha convertido en un tema emblemático. Su plan es reubicar a unas 160.000 familias, de los más de dos millones de desplazados, durante los próximos dos años.

Incluso se está hablando de una reforma agraria en Bogotá, no de una simple restitución de tierras. El Presidente Santos ha sacudido el Ministerio de Agricultura, un obstáculo histórico para las reformas agrarias significativas y una institución que ha privilegiado a los grandes terratenientes a expensas de los pequeños agricultores, actuando así como un impedimento crítico para que los esfuerzos por proporcionar medios de vida alternativos a los productores de coca de Colombia resulten más efectivos. El gobierno de Santos también ha reconocido la necesidad de aumentar la capacidad fiscal del estado: al igual que muchos países latinoamericanos, los impuestos sobre las tierras y la riqueza son muy bajos, los pobres frecuentemente trabajan en economías ilegales o informales y por ende, la clase media soporta gran parte de la carga impositiva. Semejante política impositiva ha hecho muy poco para generar nuevos puestos de trabajo aún en tiempos de crecimiento económico nacional.

Con la reducción de la violencia, la confianza del ejército colombiano y los funcionarios de aplicación de la ley, muchos de ellos entrenados mediante el Plan Colombia de EE.UU., ha aumentado al punto de que éstos están ofreciendo sus conocimientos a otros países. En México y Afganistán ofrecen entrenamiento antinarcóticos; en Filipinas se han ofrecido para enseñar como desmovilizar grupos armados. (No importan los 10.000 beligerantes armados nuevos, las llamadas bandas criminales que han surgido tras la desmovilización de los paramilitares). Un funcionario del gobierno colombiano me preguntaba hace poco si Colombia debía acercarse a Pakistán para enseñarles cómo llevar adelante la contrainsurgencia (COIN).

El gobierno de Santos ha reconocido que el país todavía enfrenta serios desafíos. Para hacerle frente a la delincuencia urbana, se anunció un impresionante plan que alcanza a la delincuencia callejera, la olvidada amenaza a los ciudadanos de toda América Latina. El Ministerio del Interior se ha comprometido a ir tras las persistentes redes paramilitares y las nuevas bandas criminales para evitar su manipulación de las elecciones municipales y departamentales de Colombia, el próximo mes de octubre. Incluso contrató a expertos de un comité de asesoramiento, la Corporación Nuevo Arco Iris, para ayudar a trazar un mapa de las redes paramilitares. Junto con la periodista Claudia López, Nuevo Arco Iris ayudó a exponer la penetración paramilitar de las instituciones políticas de Colombia, varios años atrás. En franco contraste, el Presidente Uribe siempre estuvo en pie de guerra con las ONG de derechos humanos, las instituciones de justicia de Colombia y otros críticos de su gobierno.

Entre las ONG de Colombia, especialmente en Bogotá, hay gran entusiasmo por las posibles negociaciones con las FARC, aún aquellas que podrían trascender un intercambio humanitario para llegar a un acuerdo político. La declaración de Año Nuevo por parte del líder de las FARC, Alfonso Cano, fue definitivamente la más conciliatoria que se haya escuchado de las FARC en años.

Entonces, ¿está saliendo todo a pedir de boca en Colombia? Sorprendentemente, el desafío más grande nuevamente puede ser la seguridad. Si bien el gobierno está hablando de consolidación de la seguridad obtenida durante la última década, finalmente se ha dado cuenta de que su proyecto modelo de una contrainsurgencia integral y de un paquete de fortalecimiento del estado - en La Macarena - posiblemente sea difícil de replicar en todas partes. La concentración de los recursos que recibió La Macarena será difícil de llevar a otras regiones – tanto si se trata de fuerzas militares y políticas como de asistencia económica. Colombia simplemente no tiene suficiente cantidad de esos recursos. Asimismo, las zonas de consolidación, incluida La Macarena, tampoco se han expandido (como la proverbial “mancha de tinta”, tal lo pronosticado en la teoría COIN estándar). El gobierno colombiano esperaba originalmente tener más de 16 de estas zonas de consolidación, luego 13; pero ahora está atravesando una importante revisión acerca de la posibilidad de disminuir las zonas de consolidación aún más o hacerlo de manera más liviana. Semejante reducción del esfuerzo dejaría muchos espacios sin la debida presencia del gobierno, incluida la esfera de seguridad.

Mientras tanto, Colombia todavía tiene decenas de miles de delincuentes dando vueltas - desde las FARC a las bandas criminales de narcotraficantes. En algunas regiones de Colombia, como en Nariño, la seguridad es peor de lo que ha sido en años. Inevitablemente, será necesario tomar algunas decisiones un tanto difíciles, acerca de la distribución de los recursos para defensa y para la población civil (estrategia guns-and-butter). Los funcionarios colombianos ya se están quejando de la reducción de la ayuda estadounidense, incluido el componente militar, y se están preguntado dónde obtendrán el dinero para ocuparse de las constantes deficiencias en cuestiones de seguridad.

En muchas partes del país, la seguridad y los desafíos para el fortalecimiento del estado son bastante distintos a los de La Macarena. Allí, COIN era derrotar a las FARC en su centro de operaciones e introducir un estado multifacético (gran parte de lo cual aún está en progreso). En Montes de María, otra región seleccionada en algún momento como área prioritaria de consolidación, la mayoría de los integrantes del gobierno local tienen cargos que pesan sobre ellos o están en prisión por sus vinculaciones con los paramilitares.

El tema allí no ha sido tanto el de traer al estado sino el de liberarlos de la captura por parte de los matones paramilitares.

La presencia civil ha menudo se ha demorado en sumarse a los militares. Conseguir que los ministerios establezcan una presencia efectiva ha sido uno de los principales desafíos. En cambio, a menudo ha sido el ejército y las fuerzas militares quienes han estado a cargo de distribuir incentivos socio-económicos, aventurándose incluso al desarrollo socio-económico. Con el deseo bienintencionado de ganar los corazones y las mentes de la población y de quitarse de encima los recuerdos de corrupción y abuso policial, la policía rural ha sido entrenada en agricultura para poder enseñarles a los agricultores sobre el manejo de cultivos legales. (A pesar de las buenas intenciones, uno no puede evitar preguntarse si es ese un rol adecuado para las fuerzas policiales). Una de las tareas del nuevo asesor de seguridad nacional de Colombia, el creador del piloto de La Macarena, Sergio Jaramillo, es garantizar la coordinación y el cumplimiento real por parte de los ministerios.

Es probable que el Presidente Santos, con sus altos índices de aprobación, logre la sanción de las leyes de reforma en un Congreso dominado por los uribistas. Pero la prueba crítica llegará con la implementación práctica de las reformas. Es allí donde el estado colombiano es más débil. También es allí donde las bandas criminales, las FARC, y los poderes enquistados presentarán la oposición más fuerte a las reformas que reducen su poder: redistribuir las tierras, enfrentar el crimen o introducir un sistema de justicia funcional.

Una manera de pensar en la tormentosa historia de Colombia es como un esfuerzo precario por sostener un centro fuerte y desarrollado a expensas de una periferia olvidada y explotada. Muchas veces los candentes problemas socio económicos de la periferia erupcionan y comienza a proliferar en el centro una militancia con base en la periferia. El centro se moviliza, suprime a la militancia, pero no aborda las causas primarias de los problemas ni le ofrece a la periferia un estado más fuerte, multifacético y equitativo. Con el tiempo, los problemas y la militancia comienzan a bullir nuevamente y se extienden hasta el centro. Colombia tiene ahora una oportunidad para romper con este patrón. Todavía resta saber si podrá lograrlo.