a) Las negociaciones que tuvieron lugar en torno al levantamiento de la enmienda Humphrey-Kennedy de embargo de venta de armas norteamericanas a la Argentina

Mientras la desactivación del Cóndor II era la cuestión prioritaria para las autoridades norteamericanas en el capítulo sobre seguridad de la agenda, el gobierno de Menem colocó el levantamiento del embargo de venta de armas norteamericanas a la Argentina como uno de sus objetivos primordiales, conocido como enmienda Humphrey-Kennedy. (1) Así, durante su estadía en Estados Unidos, el 28 de septiembre de 1989, Menem solicitó al Congreso norteamericano el levantamiento de la enmienda. (2)

La solicitud del presidente argentino tuvo un rápido eco en el Senado, cuerpo que el 29 de septiembre decidió votar a favor de la derogación del embargo sobre la venta de armas. Impulsada por demócratas y republicanos, dicha derogación fue incorporada a una enmienda del proyecto que asigna fondos al Departamento de Estado que debía ser debatida conjuntamente por una comisión de legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado. (3)

No obstante este primer paso, el 25 de octubre, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos postergó la sanción del levantamiento de la venta de armamentos a la Argentina. Aunque la iniciativa de levantar la enmienda Humphrey-Kennedy fue auspiciada por los senadores demócratas Edward Kennedy y Christopher Dodd y el republicano Jesse Helms y aprobada por el Senado, los grupos de derechos humanos (Americas Watch, Consejo para Asuntos Hemisféricos, Washington Office for Latin America y otros) protestaron enérgicamente contra los decretos 1002 y 1003 de indulto firmados por el presidente Menem el día 6 y presionaron a los integrantes de la Cámara de Representantes para que éstos no aprobaran el levantamiento de la enmienda Humphrey-Kennedy a la Argentina. Finalmente, la comisión adoptó la decisión de dejar para el próximo período parlamentario la propuesta Kennedy-Dodd-Helms. Aunque esta decisión no contuvo argumentaciones políticas sino razones de carácter de procedimiento, la fuerte influencia de los grupos de derechos humanos tuvo un peso decisivo en esta prórroga al levantamiento del embargo de armas a la Argentina. Por su parte, el presidente Menem relativizó la importancia de la decisión adoptada por la Cámara de Representantes, señalando que los integrantes de dicho cuerpo legislativo resolvieron "no rechazar esta decisión" de levantar la enmienda "sino pasar el tratamiento definitivo para el año que viene". (4)

A pesar de esta victoria de los grupos ligados a la defensa de los derechos humanos, el 8 de noviembre, una comisión bicameral del Congreso norteamericano decidió aprobar el levantamiento de las restricciones de la enmienda Humphrey-Kennedy. De acuerdo con declaraciones del canciller Cavallo, esta medida se relacionaba íntimamente con el avance en las negociaciones argentino-británicas. (5)

b) Las negociaciones en torno de la adquisición de los radares para los aviones A4 M y otros armamentos y equipos

Junto con el levantamiento de la enmienda Humphrey-Kennedy, otro avance en el capítulo estratégico de la agenda bilateral fue, sin lugar a dudas, las negociaciones que tuvieron lugar en torno de la adquisición de radares Westinghouse y de aviones Skyhawk A 4 M norteamericanos por parte de la Argentina. Por cierto, las mismas transcurrieron en forma paralela a otra expectativa de los militares y gobierno argentinos: la venta de los aviones Pampa al mercado norteamericano. Ambas expectativas fueron planteadas en forma explícita por el entonces ministro de Defensa, Oscar Camilión, durante su visita a Washington de septiembre de 1993. (6)

No obstante las favorables declaraciones del embajador norteamericano en la Argentina, James Cheek, efectuadas en noviembre (7) y las del canciller Di Tella en diciembre, sobre las perspectivas favorables respecto de la venta de los mencionados radares y aviones solicitados por la Argentina desde abril de 1992, las operaciones demoraron en concretarse, debido a las objeciones del Foreign Office británico. (8)

Frente a estos obstáculos, el sucesor de Camilión en la cartera de Defensa, Jorge Domínguez, adoptó la misma actitud pragmática de paciencia, pues era consciente del peso de los recelos de Londres en la demora norteamericana para vender los radares y aviones necesarios para el equipamiento militar argentino. Tras la visita del secretario de Defensa norteamericano, William Perry a la Argentina en noviembre de 1994 (9) y del encuentro de Perry con su colega argentino Domínguez en diciembre de 1996, ocasiones en las que las conversaciones giraron en torno de la compra de los 36 aviones Skyhawk para entrenamiento argentino y de la licitación en los Estados Unidos de la nave argentina Pampa 2000. (10)

El 12 de diciembre de 1997, Estados Unidos respondió en forma favorable a las expectativas argentinas, con el envío de cinco aviones de combate Fightinghawk A4-AR, el primer grupo de 36 máquinas de combate que el gobierno argentino compró a la marina de Estados Unidos, en un contrato que incluyó un reacondicionamiento a cargo de Lockheed Martin, y la provisión de radares de última generación a cargo de la empresa Westinghouse. La partida de estos 5 primeros aviones de combate norteamericanos determinó el final de un largo período de prohibiciones a la compra de armas sofisticadas, a 15 años de la Guerra de Malvinas. (11)

Otro paso favorable, que evidenciaba la mejoría en los vínculos militares bilaterales, fue el anuncio efectuado por el jefe de Asistencia y Seguridad del Ejército de los EE.UU., general de división Larry Smith, durante su visita a la Argentina de fines de marzo de 1999. En dicha ocasión, el alto jefe militar norteamericano hizo entrega de 93 vehículos de combate donados por el gobierno de Washington a la Argentina. La cesión de este material se convirtió en la primera de este tipo que surgió de la cooperación establecida en la ley norteamericana de asistencia exterior, y estuvo íntimamente ligada a la categoría de aliado extra-OTAN que los Estados Unidos confirieron a la Argentina en 1997. (12)

c) Las negociaciones por la venta de los aviones de entrenamiento argentino Pampa a los Estados Unidos

En forma paralela a las negociaciones por la adquisición de radares, aviones y otros equipos norteamericanos a la Argentina mencionadas en el apartado anterior, tuvieron lugar las conversaciones respecto de la venta de los aviones Pampa al mercado norteamericano, tema que constituyó una de las prioridades del gobierno y de los militares argentinos en este capítulo estratégico de la agenda bilateral. Estas cuestiones dominaron la visita a Buenos Aires en marzo de 1990 del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, general Larry Welch, quien mantuvo contactos con su colega argentino, brigadier mayor José Juliá; con el ministro de Defensa, doctor Humberto Romero; y con el jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Emilio J. Ossés. (13)

El 2 de mayo del mismo año, el mencionado jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier José Juliá, y el vicepresidente de la LTV Aerospace & Defence de los Estados Unidos firmaron en la brigada de El Palomar un convenio para construir y comercializar en el mercado internacional el avión IA 63 Pampa de producción argentina. Este convenio abría la expectativa de competir en la licitación que los Estados Unidos realizarían en los próximos años, ya que el país del Norte resolvió adquirir un entrenador avanzado para reequipar a su fuerza aérea y a su armada. (14)

A partir del momento de convocatoria de la Armada y la Fuerza Aérea norteamericanas para adquirir aviones del exterior, el tema del Pampa dominó los sucesivos contactos bilaterales. El avión argentino debió competir con seis empresas de Brasil, Italia, Estados Unidos, Suiza y Alemania, cuyas ofertas, si bien tenían un prestigio comparable a la argentina, contaban también con una capacidad de lobby muy superior a la local. Dadas estas poderosas razones, la cuestión de la compra del "Pampa 2000" figuró por igual en las agendas de las visitas a Estados Unidos del ministro de Defensa argentino, Humberto Romero, entre fines de julio y principios de agosto de 1990 (15); del propio presidente Menem, entre fines de junio y principios de julio de 1993 (16); y del sucesor de Romero, en la cartera de Defensa, Oscar Camilión, a fines de septiembre del mismo año. (17)

No obstante los esfuerzos de Camilión, el Pentágono de los Estados Unidos descalificó al avión Pampa de la licitación aduciendo que el mismo sufría de "problemas técnicos", medida que fue sólo parcialmente suavizada en diciembre de 1994 a través de una carta del subsecretario de Defensa de la Casa Blanca, John Deutsch, que señalaba que el gobierno norteamericano pasaba a definir al Pampa como un avión "no adecuado para un entrenamiento primario". Esta carta provocó una polémica interna en el seno de la administración menemista. Mientras el canciller argentino, Guido Di Tella, anunció que la Argentina pediría una compensación a los EEUU por el rechazo del avión, el titular de Defensa, Oscar Camilión, aclaró que, de acuerdo con el contenido de la carta de Deutsch, la descalificación del Pampa para esta licitación no impedía que se presentara en otras, lo cual era interpretado por el titular de Defensa como un avance. De acuerdo con la óptica del ministro argentino, mientras el Pentágono había colocado al Pampa el cartel de "malo" en tanto sufría de "problemas técnicos", el mensaje del funcionario de Defensa norteamericano implicaba un paso adelante, en tanto el avión dejaba de ser percibido como "malo" para pasar a ser uno "no adecuado" para tareas de entrenamiento primario. implicaba un paso adelante, en tanto el avión dejaba de ser percibido como "malo" para pasar a ser uno "no adecuado" para tareas de entrenamiento primario. (18)

Más allá de estas diferencias de óptica, Camilión era consciente del negativo eco que había provocado el rechazo del avión en el gobierno y la Fuerza Aérea argentinos. Así se lo hizo saber a su colega William Perry durante su visita a Washington de fines de febrero de 1995, orientada a lograr una relación aceitada con el Pentágono y obtener de dicho organismo beneficios proporcionales a los gestos de colaboración de la Argentina con Washington, tales como, por ejemplo, la aceptación del avión Pampa 2000 en una próxima licitación. (19)

d) El ingreso de Argentina como aliado extra OTAN y el frustrado ingreso como miembro pleno de OTAN

Como en tantos otros temas estratégicos de la agenda, fue el gobierno argentino quien dio el primer paso respecto de esta cuestión. Así, durante el encuentro que sostuvieron el presidente argentino, Carlos Menem, y su colega norteamericano, Bill Clinton, en Washington, el 5 de diciembre de 1996, el primero propuso establecer una alianza militar plena con los Estados Unidos fuera de la OTAN, como Israel. (20)

Por su parte, la administración demócrata otorgó una señal favorable a esta iniciativa argentina en mayo de 1997, en el transcurso de la visita a Buenos Aires del asesor presidencial del presidente Clinton, Thomas Mc Larty, quien se entrevistó, por separado, con el ministro de Defensa, Jorge Domínguez, y con el canciller Guido Di Tella. El tema del encuentro entre Mc Larty y los mencionados ministros fue la visita de Clinton a la Argentina en octubre, y la posibilidad de que, con ella, la Argentina acceda a una categoría de rango menor que la de aliado extra-OTAN. (21)

A su vez, el 13 de agosto del mismo año, la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Allbright, adelantó que el presidente Bill Clinton resolvió designar a la Argentina como "aliado extra OTAN" de los EEUU, tal como se lo había prometido al presidente Menem. (22) Esta noticia fue confirmada dos días después por la propia Allbright y por el canciller Guido Di Tella. Ambos intentaron llevar tranquilidad a Chile y a Gran Bretaña sobre los eventuales alcances de ese lazo, y advirtieron que la categoría de aliado extra-NATO también podría estar abierta a Chile o a otros países de la región. Al detallar los motivos de la alianza, Allbright sostuvo que "la Argentina es uno de nuestros más cercanos amigos y socios en el mundo" y recordó al respecto la cooperación con EE.UU. en la Guerra del Golfo y en el restablecimiento de la democracia en Haití. (23)

Finalmente, en ocasión del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), el 31 de enero de 1998, el asesor especial del presidente Bill Clinton para América Latina, Thomas Mc Larty, se reunió con el presidente Carlos Menem para anunciarle que había quedado formalmente confirmada la alianza extra-OTAN de la Argentina con los Estados Unidos. (24)

De acuerdo con la opinión del ex vicecanciller del gobierno de Menem, Andrés Cisneros, el acceso de la Argentina a esta categoría no sólo constituyó una señal hacia el mundo respecto de la recuperación de la credibilidad internacional de la Argentina –activo ausente para 1983-, sino que también tuvo efectos importantes en la disputa angloargentina por la soberanía de las islas Malvinas, en tanto desactivó uno de los principales argumentos británicos para no acceder al llamado de las Naciones Unidas a la negociación por este tema. En las propias palabras de Cisneros:

"(…) Durante medio siglo, un fuerte argumento británico para no acceder a la eterna exhortación de las Naciones Unidad y dialogar el tema de fondo con Argentina era la falta de confiabilidad de nuestro país. Hoy por hoy, ante esta Argentina tan distinta, el último remanente de esa inconfiabilidad es el mantenimiento de un contingente militar desproporcionado en Malvinas y un embargo de armas contra nuestro país que hoy solo sostiene Inglaterra. Pues bien, el simple hecho de declararnos aliados extra-OTAN constituye un reconocimiento de confiabilidad que, objetivamente, pone, una vez más, en evidencia lo perimido de esa política británica, acompañada por casi todo Occidente en 1982 y hoy huérfana de todo apoyo exterior. (…)"(25)

No obstante este logro, la administración Menem aumentó la apuesta y procuró incorporar a la Argentina como miembro pleno de la OTAN –una propuesta que tuvo el sello del secretario de Planificación Estratégica, Jorge Castro-. (26)

Como era de esperarse, este intento fue objeto de críticas por parte de la oposición. Así, el 20 de julio de 1999, el entonces candidato presidencial por la Alianza, Fernando De la Rúa, calificó como "totalmente inconveniente e inviable" la decisión gubernamental de solicitar la incorporación de la Argentina como miembro pleno de la OTAN. Para De la Rúa, todos los acuerdos con otras organizaciones de defensa y seguridad, en el marco de las Naciones Unidas, debían plantarse "en forma coordinada con nuestros socios del Mercosur". (27)

Finalmente, el 26 de julio de 1999, el secretario general de la OTAN, Javier Solana, respondió negativamente a la solicitud del presidente Menem, señalando que por sus limitaciones geográficas, expresadas en el estatuto, la organización no podía acoger a países ubicados fuera del hemisferio norte. Este rechazo reavivó las críticas del candidato presidencial por la Alianza, quien señaló al respecto que

"Pedir unilateralmente el ingreso a la OTAN fue un gran error. Si existe una asociación política y económica como la del Mercosur, no debió tomarse una actitud tan importante en forma inconsulta." (28)

a) Los ejercicios militares conjuntos

Junto con la adquisición de radares y aviones norteamericanos y los esfuerzos por colocar en el mercado estadounidense el avión Pampa 2000, otro importante capítulo de la agenda bilateral en el ámbito estratégico fue, sin lugar a dudas, el constituido por los ejercicios militares conjuntos. Así, en septiembre de 1989, tuvieron lugar los primeros ejercicios navales conjuntos de la etapa de gobierno de Menem. Consistieron en prácticas de guerra antisubmarina, electrónica y antiaérea efectuadas por buques de guerra argentinos y norteamericanos en el Atlántico Sur. (29)

Por su parte, del 8 al 12 de marzo de 1990, la Armada argentina realizó ejercitaciones de adiestramiento combinado con el portaaviones Constellation, de la marina de los Estados Unidos, en el litoral atlántico. El plan de actividades comprendió el embarque de oficiales y personal de la marina de guerra argentina para realzar tareas de actualización profesional sobre maquinarias de cubiertas de vuelo, control de averías e incendio y comunicaciones. Asimismo, se realizaron operaciones navales que incluyeron prácticas de anavizaje y despegue de aviones de ataque y antisubmarinos en el portaaviones. (30)

Asimismo, entre fines de septiembre y principios de octubre del mismo año, tuvo lugar en aguas del Golfo Nuevo el encuentro de los grupos de tareas estadounidense y argentino que desarrollaron en forma conjunta el Operativo Unitas 91. La escuadra norteamericana estuvo integrada por el crucero misilístico Josephus Daniles, el destructor Hayler, la fragata misilística Stephen W. Groves, el buque de desembarco Harian Cpunty y el submarino nuclear Greenling. La fuerza estuvo al mando del contraalmirante John R. Dalrymple. Por su parte, las unidades argentinas estuvieron constituidas por los destructores misilísticos La Argentina y Sarandí; la corbeta Espora; el submarino San Juan y el aviso Teniente Olivieri. El comando de la escuadra estuvo a cargo del capitán de navío Alvaro Carlos Rodríguez. (31)

El siguiente Operativo Unitas, el XXXII, tuvo lugar durante la primer quincena de octubre de 1991. Se realizó en el Mar Argentino, entre Golfo Nuevo y Mar del Plata, y participaron del mismo los destructores norteamericanos O’ Bannon y Dalhgreen, la fragata Aylwin, el buque de desembarco Barnstable County y el submarino Sand Lace. Por el lado de la Armada argentina participaron los destructores Meko 360 Heroína y La Argentina; la corbeta misilística Parker, el submarino Santa Cruz, el aviso Teniente Olivieri y la Agrupación de Buzos Tácticos. El comandante de la fuerza Unitas y grupo de tareas de los Estados Unidos fue el almirante T.C. Lockhart y el del grupo argentino, el capitán de navío Alberto Altimir. Las operaciones conjuntas comprendieron, entre otros, ejercicios de lucha antisubmarina, guerra electrónica, y desembarco de tropas especiales. (32)

A su vez, en los días 19 a 25 de agosto de 1992, se desarrolló la denominada Fase 2 de la 33a versión del UNITAS desarrollada en aguas argentinas (al anterior, denominada fase 0, tuvo lugar en el Caribe). Por la Argentina, intervinieron el submarino Santa Cruz, la corbeta Spiro, la fragata Alfredo R., Aliotta, los destructores misilísticos Almirante Brown y La Argentina y el buque de transporte Cabo de Hornos, así como aviones de ataque, antisubmarinos y de reconocimiento y de helicópteros. El Uruguay, que fue invitado a participar, lo hizo con la fragata Montevideo y la aeronave submarina Traccker S26.Por su parte, Estados Unidos participó bajo el mando del contraalmirante Theodore Lockhart, comandante norteamericano de la Fuerza del Atlántico Sur, con el buque de desembarco de tropas USS Manitowoc, el submarino nuclear Whale, el crucero San Jacinto y el destructor Crushing. (33)

Una nueva iniciativa conjunta tuvo lugar el 11 de agosto de 1997, fecha en la que la Armada argentina y el cuerpo de infantería de marina de los EEUU realizaron la parte final de las operaciones combinadas en la zona de Zárate. El ejercicio, denominado Fluvial 1, había comenzado en julio a partir de una situación ficticia en la que dos países imaginarios mantenían un conflicto de larga data por cuestiones territoriales. (34)

Finalmente, a principios de septiembre de 1998, La Armada Argentina finalizó la 39^ª edición de los ejercicios conjuntos de UNITAS desarrollados junto al cuerpo de marines y la Armada norteamericana en las playas cercanas a la ciudad de Bahía Blanca. (35)

A esta lista de participaciones conjuntas entre las Marinas de ambos países cabe añadir un caso de participación combinada entre la Fuerza Aérea argentina y la Marina norteamericana. Tal el concretado entre los días 10 a 16 de noviembre de 1991, período en el que el portaaviones de la marina de los Estados Unidos Kitty Hawk y aviones de la Fuerza Aeronaval 2, con asiento en la base Comandante Espora de Bahía Blanca, desarrollaron tareas conjuntas. Cabe destacar que, hasta ese momento, la formación aeronaval argentina fue la única autorizada de América para que sus aviones tocaran la cubierta del Kitty Hawk. (36)

Vale mencionar también la invitación de oficiales de la Marina argentina a visitar el Comando Conjunto del Atlántico (USCINCLANT) con sede en Norkfolk, Virginia, el 23 de junio de 1993. En el transcurso de la misma, el comandante en jefe del USCINCLANT, almirante Miller, destacó a la Argentina como un ejemplo en la región para lograr el entrenamiento adecuado de los países dispuestos a colaborar con iniciativas de misiones de paz en el marco de la ONU. Asimismo, tuvo lugar un intercambio de opiniones entre los oficiales de ambos países en esta materia. (37)

Otro caso de participación de distintas fuerzas fue el que se desarrolló durante la segunda quincena de agosto de 1997. En dicho lapso, tuvieron lugar ejercicios combinados en la provincia de Tierra del Fuego, del que participaron por el lado argentino efectivos de la Compañía de Comandos 601, al mando del mayor Juan Raimondo; Batallón de Infantería de Marina 5; aviación de Ejército; Grupo de Inteligencia Táctica y unidades navales de la Agrupación de Lanchas Rápidas, del Area Naval Austral. Por parte de los EEUU intervino un grupo de fuerzas especiales del Ejército, al mando del capitán John Cavedo, perteneciente al comando de Fort Bragg, en Carolina del Norte. (38)

Un cuarto caso de participación combinada de las armas se concretó el 6 de septiembre de 1997. Ese día, casi 300 paracaidistas del Ejército fueron lanzados en una sola pasada de cuatro aviones Hércules, dos de la Fuerza Aérea argentina y otros dos de la Guardia Aérea Nacional de los EE.UU. El ejercicio, del que también participaron efectivos de la Armada, se realizó en un campo cercano a la localidad de La Cruz (Córdoba), ubicada a 120 kilómetros de la capital provincial. (39)

En cuanto a las operaciones conjuntas de las respectivas Fuerzas Aéreas de ambos países, cabe mencionar el ejercicio de búsqueda y rescate con aviones de transporte Hércules C-130, desarrollado a fines de septiembre de 1993 en zonas cercanas a Tandil y Mar del Plata. El operativo aeronáutico consistió en poner a punto el sistema de emergencia ante catástrofes en el mar o en tierra. (40)

Asimismo, vale notar la puesta en práctica, entre los días 18 al 21 de agosto de 1998, de ejercicios aéreos conjuntos, que tuvieron como epicentro la V Brigada Aérea de Villa Reynolds (San Luis), consistentes en simulacros de combate, cuyo objetivo apuntaba a comprobar la habilidad de los pilotos argentinos y norteamericanos. (41)

Respecto de las operaciones en las que participaron los Ejércitos de ambos países, vale mencionar los ejercicios en la zona del Delta efectuados en mayo de 1990 sobre un tablero en lo que se reproduce todo en miniatura -lo que se denomina en la jerga militar "juegos de guerra en mesa de arena"-. Dichas prácticas conjuntas motivaron protestas en el ámbito parlamentario, muy sensibilizado por la intervención norteamericana en Panamá de diciembre de 1989. Así, los diputados Lorenzo Pepe (PJ) y Alberto Espeche (UCR) presentaron un pedido de informes al Gobierno para que aclarara el hecho, en razón de que, de haber existido, podría resultar "violatorio del sistema legal vigente". Por su parte, el diputado Luis Zamora (del MAS-Izquierda Unida) manifestó su "más categórico repudio a los ejercicios" y exigió la "inmediata expulsión" de los efectivos norteamericanos, al sostener que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos agredieron a la Argentina en las Malvinas y violaron la soberanía de Panamá al invadir ese país. (42)

A pesar de estas objeciones internas, entre los días 18 y 23 de mayo de ese mismo año, el jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, general Maxwell Turner, estuvo junto a otros seis oficiales del mismo cuerpo en Iguazú, durante una escala de su vuelo a Asunción del Paraguay. Esta visita, que incluyó un recorrido por el área comprendida entre las ciudades misioneras de San Javier y San Pedro, sobre la frontera con Brasil tuvo por objeto el intercambio de información, de técnicas de trabajo y datos técnicos de material y forma de empleo de los mismos, con el fin de realizar a futuro ejercitaciones con la participación de fracciones integradas de EE.UU y de la Brigada de Infantería 12. (43)

Por su parte, el 17 de septiembre de 1991, tuvieron lugar los juegos de guerra por simulación computarizada del Ejercicio Unidos 91’, que se realizaron en la Escuela Superior de Guerra con participación de efectivos del Ejército argentino y del Comando Sur de los Estados Unidos. (44)

Asimismo, durante la segunda quincena de septiembre de 1993, y en el contexto del plan de capacitación de oficiales del Ejército argentino en temas de conducción de combate, se realizaron ejercicios simulados por computadora en la Escuela Superior de Guerra en Buenos Aires y ejercicios sobre el terreno en Misiones. Esta doble experiencia duró tres días y consistió en ejercicios combinados y conjuntos con la participación de jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas y del Comando Sur de los Estados Unidos, con asiento en Panamá. Esta doble ejercitación, que permitió aunar teoría y práctica, recibió el nombre de Fuerzas Unidas 93. (45)

Un paso importante en dirección a la profundización de la colaboración militar entre los Ejércitos de ambos países se concretó el 12 de marzo de 1997, fecha en la cual, el general Wesley Clark, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, firmó un convenio con el ministro de Defensa argentino, Jorge Domínguez, por el cual dos oficiales argentinos actuarían en el Comando Sur, con asiento en Panamá. (46)

Por cierto, el alto grado de cooperación alcanzado por Argentina y Estados Unidos en el capítulo estratégico-militar de la agenda no sólo se vio evidenciado a través de la existencia de los mencionados ejercicios conjuntos. Otro indicador al respecto fue la firma de una serie de convenios de cooperación científica y tecnológica en esta área, suscriptos en Washington durante la visita del ministro de Defensa argentino, Jorge Domínguez, en julio de 1998. El 22, Domínguez, y su par norteamericano, William Cohen, firmaron los siguientes acuerdos: 1) el Acuerdo Maestro sobre Intercambio Informativo (MIEA), que, según informó la embajada argentina en Washington "permitirá aumentar la cooperación científico-tecnológica" en el área de la defensa; 2) un acuerdo de cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países en temas referidos al medio ambiente; y 3) una declaración de intención en defensa y medio ambiente, que serían cerrados formalmente con la firma de un nuevo documento el 8 de septiembre en Buenos Aires. (47)

b) La cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico

Por cierto, otra cuestión relevante de la sección estratégica de la agenda entre ambos países fue la de la cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico. El primer paso en este sentido tuvo lugar el 17 de agosto de 1989, fecha en la que se firmó, en Washington, el Memorandum de Entendimiento, por parte del secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Eugenio Lestelle, por el lado argentino, y Parker Borg, por el norteamericano. Dicho memorandum estableció, de conformidad con el "Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el de los Estados Unidos de América para Reducir la Demanda, Impedir el Consumo Indebido y Combatir la Producción y el Tráfico Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas" firmado el 24 de mayo de ese mismo año, el aporte de 120.000 dólares por parte del gobierno norteamericano para la compra de equipo de análisis de laboratorio destinado a la Policía Federal Argentina, para actividades de control e interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. (48)

Un nuevo Memorandum de Entendimiento fue firmado en Washington el 31 de agosto del mismo año, por parte de Eugenio Lestelle, del lado argentino y Melvyn Levitsky, por el de EE.UU. Dicho convenio establecía un aporte de 120.000 dólares por parte del gobierno norteamericano para la adquisición de artículos y asistencia técnica con el objetivo de colaborar con la instalación de un sistema integrado de archivo, análisis e intercambio de información sobre el tráfico de estupefacientes para ser utilizado por los organismos argentinos encargados de actividades de control del narcotráfico en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. (49)

Asimismo, el 28 de septiembre de 1990, se firmó en Buenos Aires otro Memorandum de Entendimiento que estableció la asistencia material norteamericana de una serie de artículos necesarios para que las Policías provinciales y la Gendarmería argentinas reprimiesen de forma más eficiente el paso de drogas ilegales a través de las fronteras argentinas con Chile, Bolivia y Paraguay, así como la adopción de una serie de programas de entrenamiento. (50)

Por su parte, el 30 de septiembre de 1991, se firmó en Buenos Aires, por parte del embajador norteamericano Terence Todman y el ministro de Justicia argentino León Arslanián, la Modificación del Memorandum de Entendimiento firmado el 9 del mismo mes entre el gobierno argentino y el de EE.UU. en materia de lucha contra la droga. (51)  Por la misma, el aporte norteamericano sumaba 32.000 dólares destinados a adquirir equipos de radio para la Secretaría de Programación para la Prevención de la Lucha contra el Narcotráfico, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional. (52)

El compromiso material norteamericano en materia de la lucha contra la droga en territorio argentino fue sucesivamente ratificado con la firma de los memorandum de entendimiento firmados los días 1° de septiembre de 1992, 24 de junio de 1993, 23 de agosto de 1994, 29 de septiembre de 1995 (53); del Acuerdo sobre proyecto "Iniciativa Andina" el 28 de septiembre de 1999 (54); y de los acuerdos por canje de notas referidos a la enmienda al memorandum de Entendimiento del 24 de junio, suscripto el 27 de agosto de 1993 (55); a la rectificación del número de ley argentino mencionado en los Memorandum sobre Entendimiento sobre drogas del 9 y 30 de septiembre de 1991, el 1° de septiembre de 1992, el 24 de junio de 1993 y el 23 de agosto de 1994, firmada el 31 de enero de 1995 (56); y el Acuerdo por Canje de Notas relativo al Memorandum de Entendimiento del 29 de septiembre de 1995, el 7 de mayo de 1998 (57). Finalmente, cabe agregar en esta frondosa lista de acuerdos ligados a la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico el Acuerdo por notas reversales relativo al Artículo I, párrafo 2, del Acuerdo de Cooperación del 24 de mayo de 1989. (58)

Junto a la firma de estos Memorandum de Entendimiento, otro paso importante dado por Washington en esta materia fue el seminario de asesoramiento en materia de lavado de dinero y otros delitos financieros asociados al narcotráfico que otorgó un grupo de magistrados y abogados estadounidenses entre los días 20 y 21 de junio de 1990. En esos días, este grupo de especialistas estuvo en la Argentina invitado por la Corte Suprema, el Banco Central y la Policía Federal, y brindó un seminario de asesoramiento en la materia a funcionarios de esas áreas oficiales. La delegación, encabezada por el doctor Mark Zanides, fiscal adjunto de los Estados Unidos en el distrito de California, estuvo integrada por los doctores Robert De María, Salvador Martoche, John Gibbons y Larry Engel. Subrayaron que entre los delitos económicos de mayor auge se hallan los referidos al lavado de dinero producto del narcotráfico -aspecto sobre el cual también brindaron asesoramiento-. (59)

Un mes antes de la citada visita de los especialistas norteamericanos, durante la segunda quincena de mayo, tuvo lugar la del general Maxwell Thurman, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Durante su encuentro con el ministro de Defensa Humberto Romero, Thurman sostuvo la necesidad de crear una fuerza multinacional de despliegue rápido compuesta por elementos de combate de las Fuerzas Armadas argentinas para enfrentar el accionar del narcotráfico en la región. (60) Una posición similar a la evidenciada por otros dos visitantes: el subsecretario para Asuntos Interamericanos, Michael Skol y el titular del Comando Sur, William Clark, quienes, en marzo de 1994 y marzo de 1997, se mostraron partidarios de la activa participación de las Fuerzas Armadas en el "control estratégico" de la lucha contra el narcotráfico. (61)

Como era de esperarse, estas declaraciones de los funcionarios civiles y militares norteamericanos partidarios de la intervención de las Fuerzas Armadas argentinas en la lucha contra el narcotráfico –que contaron con la oposición del "zar de las drogas" Barry Mc Caffrey (62)- generaron una fuerte polémica interna en la Argentina. La misma abarcó tanto al ámbito de las Fuerzas Armadas como al del Gobierno y las fuerzas de oposición. Ello era una consecuencia altamente probable, en tanto la sugerencia de los sectores intervencionistas norteamericanos tocaba un tema muy sensible de la memoria histórica reciente argentina: el de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, abierta a partir de 1975 y vigente durante los años del régimen militar del Proceso de Reorganización Nacional (marzo de 1976 a diciembre de 1983). (63)

Respecto de la interna en las Fuerzas Armadas, cabe citar la puja entre una minoría favorable a dicha participación y un sector mayoritario opuesto a la misma, que aducía que la lucha contra el narcotráfico –y las tareas de seguridad interior colaterales a la misma- no eran funciones que competían a las Fuerzas Armadas, sino a las fuerzas de seguridad especializadas como la Policía y la Gendarmería Nacional. Mientras el secretario general del Ejército general Ernesto Bossi (64) y el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier José Juliá (65), se situaron entre los partidarios de la intervención, los sucesivos reemplazantes del general Isidro Cáceres en la comandancia en jefe del Ejército, los generales Martín Bonnet y Martín Balza; y el director general de Seguridad Interior, coronel (retirado) Carlos Sánchez Toranzo, se ubicaron en la fila de los renuentes. (66)

Respecto de la interna en el seno del Gobierno argentino, la posición intervencionista estuvo representada, entre otros exponentes, por el presidente Carlos Menem (67); el vicepresidente Eduardo Duhalde (68); el ministro del Interior Carlos Corach (69); el primero y último de los ministros de Defensa del gobierno de Menem, Humberto Romero (70) y Jorge Domínguez, respectivamente (71); y, hacia las postrimerías del segundo gobierno de Menem, por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien adoptó la posición más enfática de todas en favor de la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate contra el "narcoterrorismo". (72)

Por su parte, la postura no intervencionista dentro del Gobierno fue defendida por dos de los reemplazantes de Romero en la cartera de Defensa, Erman González y Oscar Camilión, quienes argumentaban, en su consonancia con sus colegas militares, que la lucha contra el narcotráfico ya tenía fuerzas de seguridad específicamente dedicadas a esa tarea. (73) 

Por último, en lo que respecta a los partidos de la oposición, éstos dieron muestras de su rechazo a las iniciativas impulsadas por los sectores intervencionistas del Gobierno y de las Fuerzas Armadas. Así, durante el último tramo de la administración Menem, los integrantes de la Alianza –coalición formada entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente para un País Solidario (FREPASO), que se convirtió en el eje de la oposición al gobierno de Menem- le entregaron al presidente norteamericano Bill Clinton un memorandum en el que se rechazaba la utilización de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, el ex presidente radical, Raúl Alfonsín, sostuvo en diciembre de 1997 su oposición a la iniciativa de los intervencionistas en los siguientes términos, que evidenciaban el peso de la memoria histórica reciente:

Enfrentados a la mayoritariamente resistida participación de los militares argentinos en la lucha contra el narcotráfico y al crecimiento de una actividad íntimamente ligada a este problema –el lavado de dinero-, los diversos funcionarios civiles y militares norteamericanos que estuvieron en contacto con autoridades argentinas repartieron por igual elogios y críticas a la política antidrogas de la administración peronista. Así, durante una comida de camaradería que ofreció en Panamá a más de media docena de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas argentinas a principios de diciembre de 1996, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, general Wesley Clark, sostuvo que

"(…) hoy la Argentina es nuestra aliada número uno en toda América Latina." (75) 

Asimismo, a mediados de octubre de 1997, durante el encuentro que sostuvieron el director de la Oficina de Política para el Control de Drogas de los Estados Unidos, general Barry McCaffrey, y su par argentino, Julio César Aráoz, el primero elogió el enfoque preventivo de la política antinarcóticos argentina, pero al mismo tiempo advirtió que era "increíble" el ingreso y exportación de droga a través del puerto de Buenos Aires. El resultado más relevante de este encuentro fue la firma por ambos de una declaración conjunta titulada "Alianza estratégica", donde se enunciaba la cooperación entre ambos países en el combate del comercio de estupefacientes sobre la base de la prevención, educación e inteligencia. (76)

Consciente de la presión del gobierno norteamericano a favor de una legislación más dura respecto de esta cuestión, a principios de febrero de 1998 el Ejecutivo argentino incluyó en las sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de ley que prevenía y reprimía el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la comercialización de seres y órganos humanos y el tráfico ilegal de armas. (77)

No obstante, las críticas del gobierno norteamericano a la situación del narcotráfico en Argentina volvieron a surgir en el informe del Departamento de Estado aparecido a fines de febrero de 1998. En el mismo, el organismo señaló que el principal problema de la lucha antidrogas en la Argentina era la corrupción. Por su parte, la administración Clinton dirigió una advertencia sobre el caso paraguayo a Argentina y Brasil. Dicha estrategia fue exitosa, en tanto logró que las diplomacias de los dos mayores socios del MERCOSUR ejercieran a su vez presión sobre el gobierno de Juan Carlos Wasmosy para que se adoptaran medidas de control en la triple frontera. (78)

Como era de esperarse, hubo voces de protesta del lado argentino frente al crítico informe del Departamento de Estado. Así, el embajador argentino en EEUU, Diego Guelar, señaló que

Por su parte, el canciller argentino, Guido Di Tella, le expresó al enviado especial de Bill Clinton para las Américas, Thomas Mc Larthy, la "incomodidad" del Gobierno por las críticas del Departamento de Estado norteamericano que hablaba de la corrupción generalizada como un obstáculo para el combate contra el narcotráfico. (80)

A pesar de estas protestas del gobierno argentino, las críticas del gobierno norteamericano se sucedieron. A fines de febrero de 1999, el presidente norteamericano, Bill Clinton, al dar a conocer su informe anual al Congreso norteamericano sobre el proceso de certificación de drogas, advirtió que

"Buenos Aires es un centro regional que podría ser explotado por lavadores de dinero". (81) 

A su vez, a principios de marzo del mismo año, el subsecretario adjunto de la Oficina de Narcóticos Internacionales y Ejecución de la Ley de los Estados Unidos, William Brownfield, sostuvo que Buenos Aires es un centro financiero bastante bien desarrollado y que puede ser un lugar lógico y eficiente para lavar dinero. (82)

Estas críticas se hicieron nuevamente presentes durante la gira que el "zar de las drogas" norteamericano, general Barry Mc Caffrey, realizara por Brasil, Perú, Bolivia y Argentina a iniciara el 23 de agosto de 1999. En dicha ocasión, Mc Caffrey afirmó desde la localidad brasileña de San Pablo que "la Argentina se está convirtiendo en una importante ruta mundial del tráfico de drogas, desde Bolivia y Perú". El visitante añadió que

"más alarmante aún (…) es el gran aumento del consumo de estupefacientes entre los jóvenes argentinos." (83)

El 27 de agosto, Mc Caffrey se entrevistó con el presidente argentino, Carlos Menem, y con los dos candidatos a la sucesión presidencial, Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa. Asimismo, tuvo contactos con el secretario de lucha conra el narcotráfico, Eduardo Amadeo; el canciller Guido Di Tella; el ministro del Interior, Carlos Corach; jefes policiales y empresarios. La inclusión de la Argentina en la gira estuvo ligada a tres objetivos: a) la búsqueda de solidaridad argentina respecto de la situación colombiana, que está librando a la vez una batalla simultánea con la guerrilla y con el narcotráfico; b) el sondeo de la posición de los interlocutores argentinos respecto del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que estaba bajo observación atenta de la Casa Blanca por sus presuntos vínculos con narcotraficantes; y c) la preocupación de Washington por la Argentina como uno de los trampolines de la ruta de la droga colombiana hacia Europa. (84)

Por cierto, un operativo que evidencia la preocupación norteamericana por la situación del narcotráfico en la Argentina fue el desarrollado a principios de diciembre de 1999, en las postrimerías del gobierno de Menem, por parte de una delegación de funcionarios norteamericanos. La misma, integrada por funcionarios pertenecientes al Departamento de Justicia, a la Dirección de Aduanas y a la Reserva Federal, viajó a la Argentina y participó del allanamiento de la financiera Mercado Abierto, en Capital Federal. (85)

a) La cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo

Este apartado de la agenda incluyó cuestiones tales como los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la AMIA, la preocupación norteamericana por la cuestión de la Triple Frontera, la reticencia de los militares argentinos a la plena participación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y el problema del crecimiento de las actividades ligadas al lavado de dinero en la Argentina.

a.1.) Los atentados terroristas a la Embajada e Israel y a la AMIA y su impacto en las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos

Sin lugar a dudas, el atentado perpetrado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido el 17 de marzo de 1992, tuvo un notorio impacto en las relaciones entre los gobiernos argentino y norteamericano, dando lugar a una serie de declaraciones de apoyo, pero también de presiones, no sólo de parte del gobierno norteamericano, sino también de las autoridades de Israel y de las entidades representativas de la comunidad israelí en la Argentina, a favor de una investigación completa acerca de los responsables del atentado.

Así, el 18 de marzo, el gobierno norteamericano condenó en enérgicos términos el atentado y ofreció colaborar con Israel y con la Argentina en la investigación del ataque. La vocera del Departamento de Estado, Margaret Tutwiler, lamentó en indignados términos la muerte de israelíes y argentinos en el atentado, pero rehusó entrar en detalles acerca de la ayuda ofrecida. (86)

La misma actitud de respaldo del gobierno norteamericano tuvo lugar en agosto de 1994, al cumplirse un mes de otro atentado terrorista, el perpetrado contra la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio, que provocó 86 muertos. El embajador norteamericano James Cheek, luego de visitar al jefe de la Policía Federal, dijo que si la Argentina decidía romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Teherán –definido por el diplomático como el "sospechoso número uno"- sería "apoyada" por La Casa Blanca. (87)

Asimismo, en el encuentro que sostuviera con el ministro del Interior argentino, Carlos Corach, Cheek ofreció al gobierno la cooperación norteamericana en la elaboración de una legislación para combatir al terrorismo. El diplomático estadounidense mencionó la posibilidad de un tercer atentado y subrayó la "necesidad de protegerse", destacando los trabajos de inteligencia realizados en ese ámbito. (88)

Finalmente, durante el encuentro entre el presidente argentino, Carlos Menem y su par norteamericano, Bill Clinton, en la localidad norteamericana de Atlanta, en julio de 1996, el titular de la Casa Blanca entregó una carta a su colega argentino en la que evidenciaba categóricamente el apoyo de Washington en la lucha contra el terrorismo internacional:

No obstante estos gestos de ayuda de las autoridades de la Casa Blanca, las críticas de los representantes de la comunidad judía en Argentina y en Estados no tardaron en llegar, dada la falta de respuestas rápidas del gobierno argentino frente a los atentados (90). Así, el 28 de septiembre de 1995, el titular de la DAIA, Rubén Beraja, y el rabino de Nueva York, Avi Weiss, hablaron ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU. Mientras Beraja criticó al gobierno argentino por su posición "complaciente" frente a Irán y el terrorismo internacional, Weiss fue más ácido y habló de "encubrimiento" por parte de los funcionarios del gobierno de Menem. (91) Estas declaraciones provocaron la reacción del canciller argentino, Guido Di Tella. (92)

A estas críticas pronto se sumaron las provenientes del Congreso norteamericano, ámbito donde el lobby judío tiene un enorme peso. Así, a mediados de mayo de 1997, la Cancillería argentina recibió de Washington la noticia de que el Congreso de los Estados Unidos estaba tratando un proyecto de resolución conjunto referido a los atentados contra la embajada de Israel y contra la AMIA, con un contenido crítico sobre la marcha de las investigaciones en la Argentina. (93)

También cabe mencionar las críticas procedentes de un medio de prensa influyente como The New York Times, que también destacaba, en un editorial de fines de 1997, el fracaso del gobierno en identificar a los responsables de los atentados terroristas. (94)

No obstante estas críticas, las mismas convivieron con expresiones de apoyo al gobierno argentino por parte de distintos funcionarios norteamericanos. Por ejemplo, durante la visita a Buenos Aires del secretario de Defensa de los Estados Unidos, William Cohen, en mayo de 1998, éste garantizó al presidente Menem que Washington ayudaría al Gobierno "en la forma y modo que sea posible" para enfrentar al terrorismo internacional y el crimen organizado. (95)

Lo propio hizo el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Manuel Rocha, en el encuentro que sostuviera con el ministro del Interior argentino, Carlos Corach, a fines de ese mismo mes de mayo. En dicho encuentro, preparatorio de la Segunda Conferencia Interamericana Antiterrorista, que tendría lugar en Buenos Aires en noviembre, Rocha reiteró el apoyo de Washington a la investigación de los atentados terroristas contra la embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA. (96)

Ante la presión que significaron tanto las expresiones de apoyo como las críticas de los distintos representantes oficiales y privados norteamericanos, a principios de septiembre del mismo año, Menem respaldó en reunión de gabinete el plan de lucha contra el terrorismo en el cual estaba trabajando el ministro del Interior, Carlos Corach, con impulso de los Estados Unidos, y con los países que pertenecen a la Organización de Estados Americanos (OEA). Menem felicitó a Corach por el apoyo que la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Allbright, envió al gobierno argentino. El titular de Interior y el canciller Guido Di Tella habían recibido un mensaje de la funcionaria, quien destacó el alto significado que Washington le otorgaba a la Segunda Conferencia Interamericana de Lucha contra el Terrorismo, de la OEA, que se realizaría en Mar del Plata el 23 y 24 de noviembre. El asunto interesaba especialmente a la Casa Blanca luego de los atentados contra las embajadas norteamericanas en Kenya y Tanzania, que provocaron 260 muertos. (97)

Un rápido balance de esta cuestión no resuelta evidencia, además de las falencias de infraestructura y de recursos que tuvo –y sigue teniendo- la Argentina para prevenir atentados al estilo de los ocurridos en la Embajada de Israel y la AMIA, la presencia de notorias diferencias de percepción entre los gobiernos argentino y norteamericano respecto de esta cuestión. Como sostienen Déborah Norden y Roberto Russell, mientras las autoridades oficiales argentinas tendieron a identificar estos atentados como producto de las acciones del terrorismo internacional, sus colegas norteamericanas los percibieron en términos de las falencias institucionales de la Argentina, en especial del funcionamiento del Poder Judicial. (98)

Por cierto, una temprana confirmación del status de cuestión pendiente que tuvo –y sigue teniendo- este tema de la agenda bilateral fue el escepticismo que la propia opinión pública argentina expresó respecto de la resolución de este atentado. A tan sólo tres meses de ocurrido, una encuesta realizada por Heriberto Muraro destacaba que 7 de cada 10 personas entrevistadas en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires sostenía que ni el Gobierno ni la Justicia argentinas encontrarían a los responsables del atentado. A su vez, un 25 % del total de los encuestados decía que el gobierno de Menem no se esforzada "nada" en la investigación del atentado (contra sólo un 11 % que sostenía que se esforzaba "mucho" y un 24% que "poco"). Finalmente, un 62% de los exponentes de esta muestra estadística consideraban "probable" la existencia de un nuevo atentado terrorista en la Argentina. (99)

a.2) La preocupación norteamericana por la cuestión de la Triple Frontera

Por cierto, otra de las cuestiones pendientes de la agenda bilateral en su capítulo estratégico ha sido, sin lugar a dudas, el problema de seguridad que plantea la denominada área de la Triple Frontera –es decir, la zona que comparten Argentina, Brasil y Paraguay-, un conflictivo espacio en el que se combina, como en un cóctel explosivo, la existencia de actividades ligadas al contrabando, el narcotráfico y el terrorismo islámico vinculado al grupo shiíta Hezbollah.

La enorme preocupación del gobierno norteamericano acerca de la falta de controles adecuados en esta zona fue planteada personalmente a Menem por su colega norteamericano Bill Clinton, durante su visita a la Argentina en octubre de 1997. (100)

Consciente de esta preocupación de la Casa Blanca, en febrero de 1998 el ministro del Interior argentino, Carlos Corach, solicitó apoyo para adoptar medidas de control en esta zona a Kenneth Mc Kune, coordinador de la Lucha contra el Terrorismo, a Peter Romero, secretario adjunto de dicho Departamento, y a funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Obtuvo como respuesta la promesa de préstamos para equipamiento y entrenamiento policial, aduanero y migratorio. (101)

Por su parte, el 12 de mayo del mismo año, el director del Federal Bureau Investigation (FBI), Louis Freeh, visitó la Argentina. Freeh comprometió ayuda económica, de inteligencia y coordinación de las fuerzas de seguridad de Argentina y EEUU, con preocupación especial sobre la zona de la triple frontera (compartida por Argentina, Brasil y Paraguay). Como respuesta a este encuentro, días después, el gobierno argentino decidió reducir a la mínima expresión posible la representación diplomática de Irán en Buenos Aires, dada la conexión existente entre dicho país y el grupo Hezbollah y la preocupación del titular del FBI por el atentado de la AMIA, percibido por las autoridades de Washington como fruto de la mencionada conexión. (102)

b) La participación de los militares argentinos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo

Un apartado relevante –y a la vez conflictivo- de la cooperación entre Argentina y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo fue el de la participación de los militares argentinos en la misma, aspecto en el cual los funcionarios encargados de la agenda estratégica en Estados Unidos, aunque contaron con el visto bueno formal del gobierno argentino –que percibía a esta mayor participación como un gesto que podía tener positivos efectos multiplicadores en el ya óptimo clima de la agenda bilateral-, tropezaron con la resistencia de los oficiales argentinos a asumir un compromiso directo en esta materia.

Estas divergencias se manifestaron durante la visita del ministro de Defensa argentino, Humberto Romero, a los Estados Unidos a fines de julio de 1990. En dicha oportunidad, Romero exploró la posibilidad de una posible participación de las Fuerzas Armadas argentinas en la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo ante sus interlocutores norteamericanos, el secretario de Defensa Dick Cheney y otras autoridades del Pentágono. Romero llevó para este viaje un documento elaborado por los jefes de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas sobre este tema, en el que los mismos establecían las condiciones requeridas para la intervención militar y el encuadramiento legal necesario a fin de no interferir acciones propias de las fueras de seguridad y las policiales. Desde la óptica de los mandos militares, existía una distinción entre la represión del narcotráfico, que según éstos debía estar en manos de las fuerzas de seguridad vinculadas a Gendarmería Nacional, debido a su preparación en materia de detectar ilícitos y por tener sus cuadros estado militar, es decir, por estar sometidos sus cuadros a la justicia castrense. En dicho informe, las Fuerzas Armadas sostenían que su participación en la lucha contra el narcotráfico se debía limitar al apoyo logístico y de inteligencia, es decir, al rol de poner a disposición de la Gendarmería Nacional aviones, vehículos, alojamiento y virtuallas, entre otros aspectos. (103)

Nuevamente estas diferencias se evidenciaron durante la visita del vicepresidente norteamericano, Al Gore, a la Argentina. En dicha ocasión, el visitante no sólo se entrevistó con el presidente Carlos Menem, el canciller Guido Di Tella, y el ministro de Economía Domingo Cavallo, sino también con el secretario de Prevención y Lucha contra la Drogadicción, Alberto Lestelle. Gore transmitió a los representantes del gobierno argentino el deseo de Washington de incrementar la lucha antinarcóticos en la Argentina (si bien existían diferencias respecto del papel de las fuerzas armadas en esta lucha, ambas partes coincidieron en los objetivos finales y la necesidad de coordinar esfuerzos). (104)

c) El problema del crecimiento de las actividades ligadas al lavado de dinero en la Argentina

Por cierto, el crecimiento de las actividades ligadas al lavado de dinero en la Argentina constituyó otra de las cuestiones pendientes en la dimensión bilateral de la agenda con Washington. Esta inquietante tendencia para las autoridades de Washington estuvo ligada al cambio en el papel tradicional de Argentina como país de tránsito de la droga proveniente de las naciones productoras latinoamericanas hacia el mercado europeo que tuvo lugar a partir de la década de 1980. A partir de la misma, el país agregó a su condición de ser país de tránsito, las de país consumidor y centro de lavado de dinero (105). Dicho cambio fue estimulado por dos factores principales:

1. el llamado "efecto Cono Sur", en otras palabras, la expansión hacia la subregión de las actividades vinculadas al narcotráfico, estimulada por la "guerra" del gobierno norteamericano a los narcotraficantes en Colombia y Bolivia. Factor que a su vez provocó la búsqueda de nuevos centros operativos por parte de éstos últimos; y
2. la ausencia o laxitud de la legislación referente a las operaciones ligadas al lavado de dinero proveniente del narcotráfico (creación o compra de empresas súbitamente florecientes, negocios inmobiliarios, etc.);

A estos dos factores, que comenzaron a operar durante la década de 1980, se agregó un tercero, propio de la década de 1990, ligado a

3. el proceso de privatizaciones y de reforma estatal impulsado por el gobierno de Menem, que, paradójicamente, contribuyó a estimular el ingreso de capitales externos de origen tanto lícito como no lícito. En este sentido, el caso argentino comparte la paradoja que señala Stephen Flynn respecto de los procesos de modernización económica de las décadas de 1980 y 1990 en el Sudeste asiático, en los cuales el crecimiento de actividades preexistentes como el narcotráfico y del crimen organizado constituyó la "cara oscura" de dichos procesos. (106)

Durante el primer gobierno de Carlos Menem (1989-1995) estallaron dos escándalos ligados a las actividades del lavado de dinero en la Argentina. Uno, difundido por los medios de prensa como el Yomagate o el Narcogate, tuvo su origen en la información difundida por la revista española Cambio 16. Dicha publicación reveló que en la investigación efectuada el juez español Baltasar Garzón acerca de la presunta vinculación de funcionarios del gobierno argentino con una organización internacional del tráfico de drogas, aparecían mencionados los nombres de la entonces secretaria de Audiencias de la Presidencia, Amira Yoma, su hermano Karim, su ex esposo y funcionario de Aduanas en Ezieza, el coronel sirio Ibrahim al Ibrahim, y el ex presidente del Consejo Federal de Agua Potable, Mario Caserta. (107) El 24 de julio de 1991 sucedieron dos hechos importantes relacionados con esta causa: la renuncia de Amira Yoma a su cargo en el Gobierno, y, horas después, la sentencia dictada por la jueza federal María Servini de Cubría de procesamiento a la ex funcionaria por su participación en el lavado de dólares. Meses más tarde, el 13 de julio de 1992, la jueza federal argentina Amira Berraz de Vidal decretó prisión preventiva para Amira Yoma y para Mario Caserta, por considerar que existía "semiplena prueba" de sus respectivas participaciones en una banda internacional que actuaba en Estados Unidos, Europa, Uruguay y la Argentina. (108)

El segundo escándalo que estalló en relación con esta espinosa cuestión de la agenda con Estados Unidos estuvo ligado a las actividades del Bank of Credit and Commerce International (BCCI), involucrado en operaciones de lavado de narcodólares y de tráfico de armas. Cabe acotar que el BCCI financió en la Argentina las operaciones de capitalización de la deuda externa y de construcción del Hyatt Hotel. Ante esta noticia, el diputado justicialista José Luis Manzano impulsó en julio de 1991 el cierre del banco, alternativa aceptada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, como un gesto de impacto positivo ante inversores y funcionarios gubernamentales estadounidenses. (109)

Un año después de haber iniciado al BCCI juicio por fraude, hacia fines de julio de 1992, el fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, dio mayores precisiones respecto del ingreso del BCCI a la Argentina, que habría ocurrido entre los años 1983 y 1984 a través de un previo pago de "coimas" al Banco Central Argentino por un monto de 500.000 dólares, durante la gestión de Enrique García Vázquez al frente del Central (1983-1985). (110)

Durante la segunda gestión de Menem (1995-1999), y ante la creciente la presión del gobierno norteamericano a favor de una legislación más dura respecto del lavado de dinero, el gobierno argentino anunció la sanción de una ley contra el lavado antes de la visita de Bill Clinton en octubre de 1997, pero sólo logró su aprobación en una comisión de labor parlamentaria. Luego del viaje del mandatario norteamericano, el entonces secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Julio César Aráoz, afirmó que dicha ley sería "la primera" que aprobaría el Congreso luego de las elecciones de octubre, pero esa promesa tampoco pudo ser cumplida. (111)

Por su parte, a principios de febrero de 1998, el Ejecutivo, en un nuevo intento, incluyó en las sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de ley que prevenía y reprimía el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la comercialización de seres y órganos humanos y el tráfico ilegal de armas. (112) Pero el proyecto de ley durmió en espera de que el bloque justicialista lo incluyera en su recinto, alternativa que no ocurrió. Según la óptica de la DEA, esta situación de impasse se debía a la presión en contra del "lobby en contra de bancos, financieras y casas de cambio", que usufructúan del lavado de dinero no sólo proveniente del narcotráfico, sino también de la evasión impositiva (calculada en ese momento en 24.000 millones de dólares anuales), de las coimas y de cualquier tipo de manejo con dinero "negro". Asimismo, los funcionarios de la DEA percibían que el propio gobierno argentino, ya en tiempo de descuento luego de las elecciones de octubre de 1997, tampoco demostraba un real interés en comprometerse con una ley cuyo trámite de aprobación era altamente controversial en tanto aparecía como respuesta a una presión norteamericana. (113)

Por cierto, la falta de avances concretos en esta cuestión motivó la preocupación de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la Drug Enforcement Agency (DEA), quien expresó en mayo de 1998 su deseo de ver avances en particular en un caso clave de lavado de dinero en la Argentina: el de la familia colombiana integrada por Germán, Edward Daniel, Jairo, Daniel y Carlos Ibagón, quienes cambiaron en casas de cambio en Buenos Aires pesetas españolas y marcos alemanes por casi dos millones de dólares. (114) Asimismo, la DEA instó a que el gobierno argentino cumpliera su promesa de sancionar una ley específica para combatir el delito de lavado y demostró su preocupación por el rechazo del Senado de la ley del arrepentido sancionada por Diputados. (115)

Como respuesta a las presiones norteamericanas, el gobierno argentino, a través del entonces secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Eduardo Amadeo, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que penalizaba el lavado de dinero. Pero, como ocurriese en anteriores ocasiones, la promesa no se concretó. (116)  

A fines de febrero de 1999, el presidente norteamericano, Bill Clinton, al dar a conocer su informe anual al Congreso norteamericano sobre el proceso de certificación de drogas, advirtió que

"Buenos Aires es un centro regional que podría ser explotado por lavadores de dinero". (117)

A su vez, a principios de marzo del mismo año, el subsecretario adjunto de la Oficina de Narcóticos Internacionales y Ejecución de la Ley de los Estados Unidos, William Brownfield, sostuvo que Buenos Aires es un centro financiero bastante bien desarrollado y que puede ser un lugar lógico y eficiente para lavar dinero. (118)

Por cierto, un operativo que evidenció la preocupación norteamericana por la situación del narcotráfico en la Argentina fue el desarrollado a principios de diciembre de 1999, en las postrimerías del gobierno de Menem, por parte de una delegación de funcionarios norteamericanos. La misma, integrada por funcionarios pertenecientes al Departamento de Justicia, a la Dirección de Aduanas y a la Reserva Federal, viajó a la Argentina y participó del allanamiento de la financiera Mercado Abierto, en Capital Federal. (119)

NOTAS

1. La enmienda Humphrey-Kennedy a la Sección 620-B de la ley norteamericana de Ayuda Exterior fue aprobada por el Congreso en febrero de 1977, durante la gestión del demócrata James Carter (1977-1981). Constituyó un castigo de los legisladores norteamericanos a las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura del general Jorge Rafael Videla (1976-1981). Entró en vigor a partir del 1° de octubre de 1978. La misma suspendió toda ayuda militar a la Argentina bajo la forma de créditos, donaciones, garantías de préstamos, ventas y licencias para exportación emitidas con posterioridad al 30 de septiembre de 1978. Para mayores detalles acerca de esta enmienda y sus antecedentes ver el artículo de Russell, Roberto, "Las relaciones Argentina-Estados Unidos: del "alineamiento heterodoxo" a la "recomposición madura"", op.cit., pp. 15-16 y 21.

2. "Reclamos y sugerencias de Menem ante legisladores norteamericanos", por Julio Crespo, La Nación, 29 de septiembre de 1989, p. 11.

3. "EE.UU. volverá a vender armas a la Argentina", La Nación, 30 de septiembre de 1989, p. 1; "El presidente concluyó su gira por los Estados Unidos. Una visita con sensación de éxito y que sirvió para disipar algunas dudas", por Julio Crespo, La Nación, 30 de septiembre de 1989, p. 3.

4. "El Capitolio bloqueó la venta de armas a la Argentina", La Nación, 26 de octubre de 1989, p. 2.

5. "EE.UU. levantó la veda de armas", La Nación, 9 de noviembre de 1989, p. 10 y "Venta de armas a nuestro país", La Nación, 2 de diciembre de 1989, p. 6.

6. La historia de esta negociación por la compra de estos aviones y radares comenzó a mediados de 1992, cuando la Argentina formalizó el pedido de 36 aviones A 4M, en reemplazo de las 60 máquinas que la aeronáutica perdió en la guerra de las Malvinas." Pero la compra de los aviones Skyhawk A 4-M y de sus radares (aviónica Westinghouse) chocó con la resistencia de sectores del Foreign Office británico, actitud que Camilión calificó de "anacrónica". En víspera de su viaje a Washington de fines de septiembre de 1993, Camilión se refirió a esta cuestión en los siguientes términos: "(…) nosotros en este momento, como no le estamos comprando aviones a Inglaterra sino a los EE.UU., no nos parece aceptable y razonable que los norteamericanos acepten un argumento anacrónico de Inglaterra. (…) Les decimos a los norteamericanos algo que ellos siempre dicen: no tomamos un no por una respuesta. Insistiremos hasta conseguir lo que queremos, y lo vamos a conseguir." Ver al respecto los artículos "Camilión es reacio a un "no" de Washington", La Nación, 28 de septiembre de 1993, p. 7 y "Camilión insistirá en Washington por los radares de los A 4M", por Eduardo Barcelona, La Nación, 25 de octubre de 1993, p. 7.

7. "Cheek sigue optimista por los radares de los Skyhawk", por Ovidio Bellando, La Nación, 13 de noviembre de 1993, p. 10.

8. "EE.UU. venderá los aviones con radares", La Nación, 1º de febrero de 1994, p. 1. Por su parte, el editorial de opinión "El fin del embargo de armas", La Nación, 6 de febrero de 1994, p. 8, destacaba la autorización del gobierno norteamericano para vender a la Argentina 36 aviones de combate A 4M Skyhawk, provistos de radares, como quería la Fuerza Aérea argentina, como un acto que ponía fin al embargo de armas impuesto a la Argentina como derivación del conflicto con Gran Bretaña. El editorial sostenía que "(…) El desenlace de tan compleja y demorada negociación ha sido el fruto de un conjunto de acciones en el frente externo, destinadas fundamentalmente a restituir la confianza de la comunidad internacional en nuestro país, seriamente perturbada por una errática política argentina, reflejo de las recurrentes crisis institucionales.
   Entre esas acciones, la ratificación del Tratado de Tlatelolco, el desmantelamiento del misil Cóndor II -así como el abandono del proyecto- y la reiterada participación de las Fuerzas Armadas en misiones de paz de las Naciones Unidas son seguramente las que mejor han contribuido a esa imagen de país confiable, en un tiempo histórico en que la realidad internacional se caracteriza por la desaparición de la guerra fría y una generalizada inquietud orientada a la preservación de la paz".

9. "Camilión se reúne con un funcionario de EE.UU.", por María Elena Polack, La Nación, 18 de noviembre de 1994, p. 6; y "Operación cooperativa con Estados Unidos", La Nación, 22 de noviembre de 1994, p. 7.

10. "Domínguez pidió reequipamiento militar", por Sergio Levit, La Nación, 7 de diciembre de 1996, p. 8; y "Menem en los Estados Unidos", La Nación, 9 de diciembre de 1996, p. 6.

11. "La Argentina empieza a recuperar su capacidad de defensa aérea. En Estados Unidos alistan cinco aviones Fightinghawk A4-AR, que parten hoy", La Nación, 12 de diciembre de 1997, p. 10; y "Partieron los aviones comprados a EE.UU. Los primeros A4-AR llegarán al país en cinco días", por Juan Castro Olivera, La Nación, 13 de diciembre de 1997, p. 13.

12. "Los EE.UU. donaron equipos al Ejército", La Nación, 30 de marzo de 1999, p. 8.

13. Entre los temas de las conversaciones del general Welch con sus interlocutores figuró el de la adquisición de repuestos aeronáuticos norteamericanos para los aviones militares argentinos y la complementación de las industrias aeronáuticas de ambos países en el caso de que Estados Unidos decidiera incorporar el avión argentino IA 63 Pampa a las dotaciones de la USAF. Ver al respecto los artículos "Llegó un alto jefe militar de EEUU", La Nación, 16 de marzo de 1990, p. 11; y "Finalizó la visita de un jefe militar de EE.UU.", La Nación, 19 de marzo de 1990, p. 3.

14. "Firman un convenio para vender el avión Pampa. La LTV Aerospace & Defence Co. lo presentará en EE.UU", La Nación, 3 de mayo de 1990, p. 1 y "El convenio para fabricar el Pampa", La Nación, 3 de mayo de 1990, p. 5.

15. Romero analizó con el secretario de Defensa norteamericano, Dick Cheney y otras autoridades del Pentágono, la posible participación de las FFAA argentinas en la lucha contra el narcotráfico, la privatización en el área de Defensa, la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas y la posible compra de aviones argentinos Pampa por parte de la Fuerza Aérea norteamericana. Respecto de este último tema, Romero comentó a principios de agosto de 1990 que "En el Pentágono hay verdadero interés en nuestros aviones (...) así me lo hicieron saber los funcionarios del Pentágono. Ven las ventajas que el Pampa tiene por su economía en un momento en que aquí tratan de reducir costos. Pero el trámite de adquisición de este tipo de equipos nunca es rápido". Ver al respecto los artículos "Romero explicó en los Estados Unidos las privatizaciones", por Julio Crespo, La Nación, 8 de agosto de 1990, p. 10.

16. "Menem, tras la venta del Pampa", por Fernán Saguier, La Nación, 27 de junio de 1993, p. 11; y "Menem llega hoy a EE.UU.", por Fernán Saguier, La Nación, 28 de junio de 1993, p. 10; y "El presidente Menem en Washington", La Nación, 2 de julio de 1993, p. 8.

17. "Camilión insistirá en Washington por los radares de los A 4M", por Eduardo Barcelona, La Nación, 25 de octubre de 1993, p. 7.

18. "EE.UU. recalificó al Pampa 2000, aunque lo dejó fuera de concurso", por Eduardo Barcelona, La Nación, 20 de diciembre de 1994, p. 11.

19. En dicha oportunidad, Camilión se entrevistó con el subsecretario de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Alexander Watson (con quien habló sobre el conflicto entre Perú y Ecuador), y con el secretario de Defensa William Perry (a quien le manifestó el desagrado argentino por la desafectación del Pampa 2000 por parte de la Fuerza Aérea norteamericana). También el titular de Defensa mantuvo contactos con otras altas autoridades del Pentágono y del Departamento de Estado. Ver al respecto "Camilión pidió en EE.UU. un trato preferencial", por Fernán Saguier, La Nación, 28 de febrero de 1995, p. 10.

20. Ver referencia a este pedido de Menem en artículo "Patentes, un reclamo inclaudicable", por Jorge Elías, La Nación, 6 de diciembre de 1996, p. 10.

21. "Negocian un acuerdo de defensa con EE.UU.", por María O' Donnell, La Nación, 21 de mayo de 1997, p. 9.

22. "La Argentina sería el próximo aliado extra-NATO de EE.UU.", por María O' Donnell, La Nación, 14 de agosto de 1997, p. 7; y "Señales de Clinton antes de viajar", por Jorge Elías, La Nación, 15 de agosto de 1997, p. 1.

23. "La alianza extra-NATO con EE.UU. Allbright: no habrá riesgos regionales", La Nación, 16 de agosto de 1997, p.1.

24. "Se formalizó ayer la alianza extra-NATO con EE.UU.", La Nación, 1º de febrero de 1998, p. 1; "El viaje de Menem genera consultas", La Nación, 1º de febrero de 1998, p. 6; y editorial de opinión "La Argentina, aliada extra-NATO", La Nación, 4 de febrero de 1998, p. 12.

25. Artículo "Argentina Extra-OTAN", por Andrés Cisneros, sin fecha, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 1, Carpeta Discursos y escritos de Andrés Cisneros.

26. Norden y Russell, op.cit., p. 62.

27. "OTAN: críticas al pedido de ingreso", La Nación, 21 de julio de 1999, p. 7.

28. A su vez, el rechazo del pedido argentino activó las disidencias existentes respecto de este tema en el seno de la propia administración menemista. Así, mientras el secretario de Planeamiento Jorge Castro fue el principal impulsor de la idea de solicitar a la OTAN el ingreso como miembro pleno, el ministro de Defensa, Jorge Domínguez reaccionó con sorpresa al conocer la propuesta y nunca se mostró como un adherente entusiasta, como también ocurrió en el caso del canciller Guido Di Tella. Ver al respecto "Tras la negativa al pedido de ingreso. Disputas por el rechazo", por Juan Castro Olivera, La Nación, 30 de julio de 1999, pp. 1 y 6.

29. Por el lado de la Armada argentina participaron los destructores Almirante Brown (en actividad desde 1983); Heroína y Sarandí (ambos de 1984, de 3000 toneladas y con una tripulación de 200 hombres); la corbeta Guerrico (de 1978, 1000 toneladas y 93 marinos); y el submarino San Juan (1985 y 2000 toneladas). Por parte de la Marina norteamericana lo hicieron los destructores misilísticos Richard Byrd (1964, luego modernizado, de 3370 toneladas y una tripulación de 360 hombres); Briscoe (1978, de 5570 toneladas y una tripulación de 320 marinos); y el Jesse Brown; el submarino Tinosa (1964, luego modernizado, de 3750 toneladas y 127 hombres); y buque de desembarco de tanques Manitowoc (1969, con capacidad para transportar 500 toneladas de vehículos). Ver respecto de este tema los editoriales "Ejercicio naval de los EEUU con la Argentina", La Nación, 7 de septiembre de 1989, p. 1 y "En el Atlántico Sur. Se iniciaron maniobras navales con los EEUU", La Nación, 12 de septiembre de 1989, p. 5.

30. "Maniobras navales con Estados Unidos", La Nación, 7 de marzo de 1990, p. 4.

31. "Unitas", La Nación, 27 de septiembre de 1990, p. 6 y "Continúa el Operativo Unitas 91", La Nación, 5 de octubre de 1990, p. 3.

32. "La Armada, en el Operativo Unitas", La Nación, 4 de octubre de 1991, p. 4; y "Darán detalles del Unitas XXXII", La Nación, 13 de octubre de 1991, p. 19.

33. "Comenzará mañana en aguas argentinas el Operativo Unitas", La Nación, 18 de agosto de 1992, p. 6.

34. "Ejercicios navales con fuerzas norteamericanas", La Nación, 12 de agosto de 1997, p. 8.

35. En esta 39^a edición del UNITAS, cerca de 480 efectivos argentinos y 150 marines trabajaron en forma combinada en la evacuación simulada de personal no combatiente situado en una embajada sin filiación conocida en territorio de la inexistente República Federal de Rocalia. Antes de proceder al asalto, las fuerzas anfibias argentinas y norteamericanas realizaron un operativo de interdicción en la zona en conflicto, para evitar la irrupción de elementos armados de la vecina Capitolia, otro Estado soberano igualmente ficticio. Ver al respecto editorial "Concluyeron en Bahía Blanca los ejercicios del UNITAS", por Pablo J. Gaggero, La Nación, 4 de septiembre de 1998, p. 12.

36. "Frente a Mar del Plata fondeará hoy el portaaviones Kitty Hawk", La Nación, 10 de noviembre de 1991, p. 6; "El Kitty Hawk en la costa marplatense", La Nación, 12 de noviembre de 1991, p. 1 y "Kitty Hawk: el mar retrasó el desembarco", por Diego Pérez Andrade, La Nación, 12 de noviembre de 1991, p. 4.

37. Cabe destacar que esta visita al Comando de Operaciones en Norfolk estuvo inscripta en el marco general de las Conversaciones Bilaterales sobre Temas de Seguridad Bilaterales y Regionales entre la República Argentina y los Estados Unidos de América, que tuvieron lugar en Washington los días 22 y 23 de junio de 1993. La delegación argentina estuvo integrada por el canciller Guido Di Tella; el secretario de Asuntos Militares Vicente Massot; el embajador argentino en los Estados Unidos Raúl Granillo Ocampo; el secretario general de Coordinación Andrés Cisneros; y el representante argentino ante la OEA embajador Hernán Patiño Mayer, entre otros representantes de la Cancillería; Enrique de la Torre y Federico Villegas Beltrán, Director y Secretario de la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales, respectivamente; y por el Jefe de Operaciones del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Carlos Alberto Settel, el secretario general del Ejército, general de brigada Aníbal Ulises Laiño; el Comandante de la Flota de Mar, contraalmirante Horacio Florencio Reyser; el Jefe III de Planificación del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier Héctor Cid; el agregado de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Horacio Genolet; el agregado de la Armada Argentina, almirante Alvar Carlos Rodríguez; y el agregado militar, coronel Julio Hang, como representantes de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la delegación norteamericana estuvo integrada por el Director Interino de la Agencia para el Control de Armas y Desarme (ACDA), Thomas Graham; el secretario de Estado Asistente para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson; el Secretario de Estado Asistente para Asuntos Político-Militares, Robert Galucci; el Secretario de Estado Asistente para Organismos Internacionales, George Ward; el Secretario Asistente Adjunto para América del Sur, Phillip Mc Lean; el Secretario Asistente Adjunto para Asuntos Interamericanos de la Secretaría de Defensa, contraalmirante Luther Schrieffer; el representante para Fomento de Medidas de Confianza y Seguridad del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general James Riley; el embajador norteamericano en la Argentina, James Cheek; el Country Director para Argentina del Departamento de Defensa, T.J. Morgan; el representante del Estado Mayor Conjunto, División Hemisferio Occidental, coronel Edward Ellis; y el representante de la Oficina Argentina del Departamento de Estado Jonathan Ferrar. Ver al respecto Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales, Informe sobre las conversaciones bilaterales sobre temas de seguridad bilaterales y regionales entre la República Argentina y los Estados Unidos de América, Washington, 22 y 23 de junio de 1993, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 16, Carpeta Defensa y Política Exterior.

38. "Finalizaron los ejercicios conjuntos con los EE.UU. Militares argentinos se entrenaron en Tierra del Fuego", por Alfredo Vega, La Nación, 22 de agosto de 1997, p. 6.

39. "Un exitoso ejercicio militar. Argentinos y norteamericanos lanzaron a paracaidistas", por Alfredo Vega, La Nación, 7 de septiembre de 1997, p. 15.

40. "Ejercicios", La Nación, 26 de septiembre de 1993, p. 6.

41. "Maniobra con pilotos de EE.UU.", La Nación, 19 de agosto de 1998, p. 8.

42. "Precisan el alcance de maniobras con EEUU", La Nación, 20 de mayo de 1990, p. 5.

43. "Romero dijo desconocer la llegada de boinas verdes", apartados "En Posadas" y "Versión de El Territorio", La Nación, 22 de mayo de 1990, p. 4; "Se harían en territorio misionero. Maniobras conjuntas con tropas de EEUU", La Nación, 23 de mayo de 1990, p. 4; y "Una amplia zona de montes tupidos para las ejercitaciones conjuntas", La Nación, 24 de mayo de 1990, p. 15.

44. "Argentinos y norteamericanos en la Escuela Superior de Guerra. Ejercicio militar conjunto", por Diego Pérez Andrade, La Nación, 18 de septiembre de 1991, p. 9.

45. "Ejercicio militar conjunto argentino-norteamericano", por Francisco J. Papini, La Nación, 18 de septiembre de 1993, p. 9.

46. "Advertencia sobre la droga y la corrupción", por Alfredo Vega, La Nación, 13 de marzo de 1997, p. 10.

47. "Acuerdos militares con los EE.UU.", La Nación, 23 de julio de 1998, p. 8.

48. El equipo de análisis de laboratorio mencionado en el acuerdo comprendía: a) un espectómetro infrarrojo Perkin-Elmer, modelo 1760 F1-IR, con computador modelo 7300 y Programas CDS-3, SEARCH-3, QUANT y CIRCOM; b) un microscopio DUO-STAR REICHERT, con tubo fotográfico, Categoría N° 1944, y accesorios categorías números K1567 y 410F; c) un selector automático de muestras, modelo METTLER TITRATORS DL 40GP; y d) una balanza electrónica de precisión, modelo METTLER AE163. Ver texto del Memorandum de Entendimiento entre Argentina y EEUU, Washington, 17 de agosto de 1989, citado en Argentina- Estados Unidos. Acuerdos bilaterales 1853-2000…op.cit., pp. 481-482. Ver asimismo su antecedente, el Acuerdo de Cooperación para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, firmado en Buenos Aires el 24 de mayo de 1989, por el canciller del gobierno de Alfonsín, Dante Caputo, y el embajador norteamericano en la Argentina, Theodore Gildred, citado en Idem, pp. 470-473.

49. Ver texto del Memorandum de Entendimiento entre Argentina y EE.UU., Washington, 31 de agosto de 1989, en Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, en Idem nota anterior, pp. 483-484.

50. Texto del Memorandum de Entendimiento, Buenos Aires, 28 de septiembre de 1990, citado en Ibidem, pp. 503-506.

51. Referencia al Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos de América del 9 de septiembre de 1991, en Ibidem, p. 601 y p. 607.

52. Texto Modificación al Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos de América del 9 de septiembre de 1991, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1991, citado en Ibidem, p. 607-608.

53. Ver texto del Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos de América para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Buenos Aires, 1° de septiembre de 1992, citado en Ibidem, pp. 650-656; texto del Memorandum de Entendimiento para el mejoramiento del Centro de Inteligencia Comando Conjunto de la Argentina para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Buenos Aires, 24 de junio de 1993, en Ibidem, pp. 609-614; texto del Memorandum de Entendimiento para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Buenos Aires, 24 de junio de 1993, citado en Ibidem, pp. 669-677; texto del Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos de América para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Buenos Aires, 23 de agosto de 1994, en Ibidem, pp. 691-697; texto del Memorandum de Entendimiento para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Buenos Aires, 29 de septiembre de 1995, citado en Ibidem, pp. 732-738.

54. El proyecto "Iniciativa Andina" estableció una contribución material del gobierno norteamericano a la Fuerza de Tareas Frontera Norte, integrada por Gendarmería Nacional y la Policía de la provincia argentina de Salta, por un monto de 60.000 dólares. Ver al respecto texto del Acuerdo sobre proyecto de "Iniciativa Andina", Buenos Aires, 28 de septiembre de 1999, citado en Ibidem, pp. 861-868.

55. Texto del Acuerdo por Canje de notas sobre enmienda al Memorandum de Entendimiento del 24 de junio de 1993, Buenos Aires, 27 de agosto de 1993, citado en Ibidem, pp. 680-681.

56. Texto del Acuerdo por Canje de notas relativo a la rectificación del número de ley argentina mencionada en los Memorandums de Entendimiento sobre drogas del 9/IX/91, 30/IX/91, 1/IX/92, 24/VI/93 y 23/VIII/94, Buenos Aires, 31 de enero de 1995, citado en Ibidem, pp. 706-707.

57. Texto del Acuerdo por Canje de notas relativo al Memorandum de Entendimiento del 29 de septiembre de 1995, Buenos Aires, 7 de mayo de 1998, citado en Ibidem, pp. 817-818.

58. Texto del Acuerdo por notas reversales relativo al Artículo I, párrafo 2, del Acuerdo de Cooperación del 24 de mayo de 1989, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1998, citado en Ibidem, pp. 831-837.

59. "Delegación de magistrados norteamericanos. Asesoramiento para la lucha contra los delitos financieros", La Nación, 21 de junio de 1990, p. 4.

60. Sobre visita de Thurman ver Sain, "Las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y las "nuevas amenazas": el caso argentino (1983-2000)", Seminario "Argentina y Brasil frente a las nuevas amenazas", Buenos Aires, 29 de marzo de 2001, en sitio http://www.argiropolis.com.ar/SainPifas.htm, p. 15.

61. Declaraciones de Skol y del general Clark, en Clarín, 5 de marzo de 1994 y Clarín, 13 de marzo de 1997, respectivamente, fuentes citadas por Idem nota anterior, pp. 17 y 22.

62. Cuando en octubre de 1997 el presidente norteamericano Bill Clinton visitó la Argentina, lo hizo acompañado por el titular del Departamento de Control de Droga Barry Mc Caffrey. En dicha ocasión, el "zar de las drogas" norteamericano sostuvo que las Fuerzas Armadas no debían ser en la Argentina un "factor mayor" en la lucha contra el narcotráfico: "Las Fuerzas Armadas tienen (…) mucho para aportar, sin dudas, en esta lucha. Inteligencia exterior, recursos logísticos, recursos tecnológicos (…). Pero esto no significa que puedan ser eficientes si se las lleva a desarrollar un trabajo que es de naturaleza policial (…). Los militares son, en general, una pobre herramienta para usar en estas cuestiones. Su equipamiento, su entrenamiento, su organización, sus instintos no fueron concebidos para enfrentar el problema de la droga". Declaraciones de Mc Caffrey en Clarín, Segunda Sección, 19 de octubre de 1997, fuente citada por Ibid., p. 22.

63. A partir de los decretos 2770, 2271 y 2272, dictados por el entonces presidente provisional Italo Luder el 6 de octubre de 1975, las Fuerzas Armadas pudieron intervenir en tareas de seguridad interior. El primero de estos decretos, el 2270, estableció la constitución del Consejo de Seguridad Interna, presidido por el Presidente de la Nación e integrado por todos los ministros del Poder Ejecutivo nacional y los señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Asimismo, dispuso la ampliación de las atribuciones del Consejo de Defensa, órgano encargado de dirigir la lucha contra la subversión, de coordinar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, la ejecución de medidas de interés para la lucha contra la subversión, y planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales para la lucha contra la subversión. Por su parte, el decreto 2271estableció la suscripción entre el Consejo de Defensa y los gobiernos de las provincias, de "convenios que coloquen bajo su control operacional al personal y a los medios policiales y penitenciarios provinciales que les sean requeridos por el citado Consejo para su empleo inmediato en la lucha contra la subversión". Por último, el decreto 2772 señalaba que las Fuerzas Armadas, "(…) bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país". Ver los textos de los decretos N° 2770, 2771 y 2772, en Anales de Legislación Argentina 1975, Tomo XXXV-D, Buenos Aires, La Ley, 1975, pp. 3634 y 3635, respectivamente.

64. Bossi se manifestó partidario de modificar la Ley 23.554 de Defensa para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en tareas de inteligencia, destacando al respecto que "(…) La inteligencia no se improvisa (y en consecuencia) se debe contar con un óptimo nivel de inteligencia actualizado sistemáticamente, con el concurso de todas las agencias existentes (…) La madurez alcanzada por las Fuerzas Armadas en la historia reciente, fundamentalmente el cambio cultural operado en cada uno de sus miembros, aleja toda duda respecto a su definitiva inserción en el régimen constitucional argentino. No se pretende incursionar en cuestiones que no son de incumbencia de la Defensa Nacional, sólo se plantea la necesidad de disponer de la información pertinente para poder enfrentar, cuando así sea ordenado, a flagelos como el terrorismo, el narcotráfico, etc." Declaraciones del general Bossi, en Página/12, 3 y 10 de octubre de 1997, fuente citada por Sain, "Las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y las "nuevas amenazas": el caso argentino (1983-2000)", op.cit., pp. 19-20.

65. Juliá definió la participación de su arma en la lucha contra el narcotráfico como legal e "imprescindible". Declaraciones del brigadier Juliá, en Clarín, 24 de abril de 1991, fuente citada por Idem nota anterior, p. 16.

66. Ver al respecto referencias a las posiciones de los generales Bonnet, Balza y Sánchez Toranzo en Ibid., pp. 15 -16 y 19.

67. En su encuentro con Bill Clinton a principios de diciembre de 1996, Menem se manifestó públicamente a favor de la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en tareas de inteligencia, apoyo logístico y control aéreo dentro del marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la región. Esta fue la primera expresión presidencial favorable a la intervención de las Fuerzas Armadas en esta cuestión, la cual se repitió sucesivamente en los años siguientes. Ver declaraciones de Menem en Clarín, 6 de diciembre de 1996, fuente citada por Ibid., p. 21.

68. El entonces vicepresidente Duhalde propuso la creación de un organismo especializado en la lucha contra el narcotráfico que sirviera como "brazo operativo" en la secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico que funcionaba en el ámbito de la Presidencia de la Nación- y en el que debían participar elementos de las Fuerzas Armadas en la producción de la inteligencia necesaria para el cumplimiento de esa labor. Ver declaraciones del vicepresidente Duhalde y del ministro del Interior Corach en La Razón, 28 de junio de 1990 y La Prensa, 4 de julio de 1990, fuente citada por Ibid., p. 15.

69. En el ámbito de la Asamblea General de la OEA en junio de 1999, el ministro del Interior, Carlos Corach, avaló la participación militar en la lucha contra los "verdaderos desafíos de la década", en opinión del ministro, "el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado". Ver declaraciones de Corach, en Página/12, 13 de junio de 1999, fuente citada por Ibid., p. 24.

70. Durante su gira por los Estados Unidos realizada a principios de agosto de 1990, el ministro de Defensa Humberto Romero señaló la necesidad de que las Fuerzas Armadas argentinas realziaran tareas de inteligencia ligadas a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Referencias a la posición intervencionista del ministro Romero en La Prensa, 9 de agosto de 1990, fuente citada por Ibid., p. 15.

71. En abril de 1997, durante una conferencia desarrollada en la sede de la Fuerza Aérea, el ministro Domínguez sostuvo que las Fuerzas Armadas eran el instrumento militar de la "seguridad" a la que definió en un sentido amplio que abarcaba las delicadas cuestiones atinentes a la seguridad interior de los Estados: "Las luchas étnicas y religiosas; la agresión al medio ambiente; los fundamentalismos nacionalistas y confesionales; las reivindicaciones territoriales; y la presencia de poderosos actores como el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la mafia (…) son los componentes de la agenda actual de la seguridad, que modifica la situación estratégica tornándola difícil de definir y presentándola con un elevado grado de incertidumbre cuando se intenta determinar su probable evolución". Declaraciones del ministro Domínguez, en Domínguez, Jorge, "Política de defensa del Gobierno nacional", en Revista de la Escuela Superior de Guerra Aérea, Buenos Aires, N° 197, 2do semestre de 1997, p. 56, fuente citada por Ibid., pp. 21-22.

72. A fines de septiembre de 1999, Cavallo sostuvo que "(…) la lucha contra el narcoterrorismo debe constituirse en una hipótesis de conflicto central para las Fuerzas Armadas argentinas y sus integrantes no deberían enfrentar ninguna restricción legal o de otro tipo para hacer inteligencia destinada a prevenir y, en caso de acontecer, investigar también actos de terrorismo como los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA". Declaraciones del ex ministro Cavallo, en La Nación, 24 de septiembre de 1999, fuente citada por Ibid., p. 24.

73. Ver declaraciones de los ministros Erman González, Oscar Camilión y Jorge Domínguez en contra de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, en Ambito Financiero, 11 de abril de 1991 y Clarín, 5 de marzo de 1994, fuentes citadas por Ibid., pp. 15 y 18, respectivamente.

74. Declaraciones de Alfonsín, en Clarín, 22 de diciembre de 1997, fuente citada por Ibid., p. 23.

75. "Son los mejores aliados de toda América latina", por Ricardo Larrondo, La Nación, 7 de diciembre de 1996, p. 9.

76. "McCaffrey: entra droga por el puerto", La Nación, 18 de octubre de 1997, p. 6.

77. "Apuran la ley contra el lavado de dinero", La Nación, 7 de febrero de 1998, p. 6.

78. "Drogas: EEUU acusa a la Argentina", La Nación, 27 de febrero de 1998, p. 1; y "El Mercosur, ante un llamado de alerta de EE.UU. Paraguay, en la mira de Washington por el narcotráfico; corrupción argentina", La Nación, 27 de febrero de 1998, p. 8.

79. "Derivaciones del informe norteamericano de lucha contra el tráfico de drogas en el continente. "La corrupción es peor en EEUU". El embajador Guelar pidió que se denuncien casos concretos", por María O’ Donnell, La Nación, 28 de febrero de 1998, p. 10.

80. "Cuestionamiento de Di Tella a Mc Larty", La Nación, 28 de febrero de 1998, p. 10.

81. "La lucha contra el narcotráfico. Advierten sobe el lavado de dinero. EE.UU. reiteró su preocupación por el lavado de divisas en Buenos Aires", por Rafael Saralegui (h.), La Nación, 3 de marzo de 1999, p. 11.

82. Idem nota anterior.

83. "La Argentina, creciente ruta de la droga", por Luis Esnal, La Nación, 24 de agosto de 1999, pp. 1 y 3.

84. "El zar antidrogas, con Menem y los favoritos a la sucesión", La Nación, 27 de agosto de 1999, p. 7; "El enviado de EE.UU. se reunió ayer con el Gobierno y los candidatos. Mc Caffrey buscó apoyo por la crisis colombiana", La Nación, 28 de agosto de 1999, p. 1; "El zar antidrogas buscó adhesiones", La Nación, 28 de agosto de 1999, p. 7; y "Un viaje para prevenir riesgos", por Joaquín Morales Solá, La Nación, 28 de agosto de 1999, p. 7.

85. La financiera recibía giros provenientes del Bank of America de EE.UU., en lo que se conoce como el primer caso concreto de lavado de narcodólares. Ver al respecto los artículos "Lavado: admiten giros desde EE.UU.", por Joaquín Morales Solá, La Nación, 3 de diciembre de 1999, pp. 1 y 12; y "Allanamiento en Mercado Abierto", La Nación, 3 de diciembre de 1999, p. 12.

86. "Enérgica condena de los Estados Unidos", La Nación, 19 de marzo de 1992, p. 12.

87. "Estados Unidos apoya una ruptura con Irán", La Nación, 18 de agosto de 1994, p. 1; "Según Cheek, Irán es el sospechoso Nº 1", La Nación, 18 de agosto de 1994, p. 14.

88. "Cheek ofreció ayer ayuda para elaborar leyes antiterroristas", La Nación, 19 de enero de 1995, p. 5.

89. "La lucha antiterrorista une a Clinton y Menem", La Nación, 22 de julio de 1996, p. 5.

90. Cabe destacar que el presidente Menem dictó el día 16 de noviembre de 1994 los decretos N° 2023/94 y 2024/91 y 1659/96. El primero de ellos creó el Fondo Permanente de Protección contra el Terrorismo Internacional, con un monto de $ 2.000.000 destinado a pagar recompensa a aquellas personas que brindaran información útil para la investigación de los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel y la AMIA. Por su parte, el 2024 dispuso que la Secretaría de Seguridad coordinara la labor de las fuerzas policiales y de seguridad en la investigación de los atentados. Finalmente, por el decreto N° 1659/96, la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, tenía la función de efectuar el control migratorio de toda persona que arribase o saliera del país. No obstante la importancia del contenido de estos decretos, el informe presentado por Chaskel Hansman y Rubén Beraja, en representación de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) ante el juez Juan José Galeano denunció "fallas estructurales y problemas en el funcionamiento del Estado que afectaron la actuación de la Justicia" en estos atentados. Entre dichas fallas y problemas, el informe señala los siguientes: 1) La ausencia de restricciones al acceso en el área desvastada por la explosión que destruyó a la Embajada de Israel, lo cual permitió que "todos aquellos que, bien con ánimo de colaboración, o simplemente para observar, o para disipar evidencias", se acercaran al lugar; 2) la inexistencia de planes para el rescate y asistencia para las víctimas y poara una prolija y cuidadosa recolección de elementos aptos para la investigación de lo sucedido en los casos de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA; 3) la ausencia de los agentes destinados a cubrir el edificio de la AMIA en su puesto en el momento de la explosión; 4) el incumplimiento de los decretos del Ejecutivo N° 2023/94 y 2024/94 por parte de la Secretaría de Seguridad; 5) el incumplimiento del decreto del Ejecutivo N° 1659/96, debido a la ineficacia de la Dirección Nacional de Migraciones como órgano de control debido a la paralización de sus sistema computarizado desde fines de 1989 por razones económicas; 6) el incumplimiento de órdenes judiciales, entorpecimientos y favorecimientos en el ámbito de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Federal (falso testimonio de Ramón Emilio Solari, basado en las "lecciones" e "instrucciones" que le fueron impartidas mientras estuvo detenido en la Brigada de Vicente López; 7) la desaparición de 66 cassettes con transcripciones relativas al teléfono particular de Carlos Alberto Telleldín, uno de los actores claves del atentado contra la AMIA, y la sustracción de su agenda electrónica; 8) el incumplimiento del jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Pedro Klodczyk, respecto de la disposición del juez Galeano para que se profundizara la investigación referida al destino que los procesados Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Irineo Leal y Norberto Barreiro –partícipes necesarios del atentado contra la AMIA- le dieron a la camioneta trafic utilizada para cometer el atentado; 9) el incumplimiento de la orden de incomunicación dispuesta por el juez Galeano para los casos de los mencionados Ribelli e Ibarra, Oscar Bacigalupo y José Miguel Arancibia; 10) la sospechosa presencia de Ribelli en los procedimientos llevados a cabo en dependencias del Ejército Argentino; 11) la sustracción de armamento en las dependencias allanadas; y 12) la existencia de ofrecimientos a Telleldín para que sostuviera ciertas posiciones en la causa AMIA. Ver al respecto Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) - Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), La denuncia. El documento completo presentado al juez Galeano con los hechos y los nombres de quienes obstaculizaron la investigación, Buenos Aires, Planeta Argentina, 1997.

91. "AMIA: quejas ante los Estados Unidos", por Adrián Ventura, La Nación, 28 de septiembre de 1995, p. 11.

92. "Di Tella rechazó las críticas a la Cancillería", La Nación, 4 de octubre de 1995, p. 14.

93. "Se quejará por la AMIA el Congreso de EE.UU.", por Atilio Cadorín, La Nación, 15 de mayo de 1997, pp. 1 y 8.

94. "Argentina is Pursuing New Lead In Bombing", by Calvin Sims, The New York Times, November 23, 1997, Section 1, p. 13, Col. 1, Foreign Desk, en www.nexis.com/research/search/doclist?

95. "Se quejará por la AMIA el Congreso de EE.UU.", op.cit. Ver asimismo "La visita del secretario norteamericano de Defensa. Ayuda antiterrorista de los EE.UU.", por Mariano Obarrio, La Nación, 24 de mayo de 1998, p. 8; y "Aumento de la acción militar conjunta", por Francisco J. Papini, La Nación, 24 de mayo de 1998, p. 8.

96. "EE.UU. avaló la lucha antiterrorista", La Nación, 30 de mayo de 1998, p. 11.

97. "Terrorismo: apoyo de Allbright", La Nación, 4 de septiembre de 1998, p. 12.

98. Norden y Russell, op.cit., p. 83.

99. "Desconfianza en las investigaciones por el atentado a la AMIA. El juicio de la calle", Página/12, 18 de octubre de 1994, pp. 2-3.

100. "Fronteras: presión de Clinton al Mercosur", por María O' Donnell, La Nación, 16 de diciembre de 1997, pp. 1 y 8; y "Paraguay está en la mira de Washington", por Gabriel Pasquini, La Nación, 16 de diciembre de 1997, p. 8.

101. "Mayor apoyo de los EE.UU. al control de la triple frontera", por Jorge Elías, La Nación, 24 de febrero de 1998, p. 7; "Gestión del ministro Corach. Triple Frontera: buscan ayuda para reforzar la seguridad", por Ana Baron, Clarín, 24 de febrero de 1998, p. 8; "Corach logró avances por la seguridad en la Triple Frontera", por Ana Baron, Clarín, 25 de febrero de 1998, p. 22.

102. "Balance de la visita de Louis Freeh a Buenos Aires. Puesta a punto con el FBI", por María Luisa Mac Kay, Clarín, 14 de mayo de 1998, p. 22; "El análisis de la noticia. En sintonía con EE.UU.", por Mariano Obarrio, La Nación, 20 de mayo de 1998, pp. 1 y 7; y "Ayuda antiterrorista de los EE.UU.", por Mariano Obarrio, La Nación, 24 de mayo de 1998, p. 8.

103. "Expondrá la posición militar en la lucha contra el narcotráfico. El ministro Romero viajará el martes a Estados Unidos", La Nación, 28 de julio de 1990, p. 4; "Romero viajó a EE.UU.", La Nación, 1º de agosto de 1990, p. 4; "Gestión de Romero en el Pentágono", La Nación, 6 de agosto de 1990, p. 5; y "Romero explicó en los Estados Unidos las privatizaciones", por Julio Crespo, La Nación, 8 de agosto de 1990, p. 10.

104. "Nafta y narcotráfico, en la agenda de Gore", La Nación, 20 de marzo de 1994, p. 1; y "EE.UU. no dará marcha atrás a los subsidios", por Ovidio Bellando, La Nación, 22 de marzo de 1994, p. 9; y "La visita de Al Gore, La Nación, 24 de marzo de 1994, p. 8.

105. Acerca de esta cuestión consultar el artículo de Corigliano, Francisco, "El problema del narcotráfico y la democracia en Argentina", Buenos Aires, mimeo, 1995.

106. Consultar al respecto el artículo de Flynn, Stephen E., "Globalización del narcotráfico: Las drogas y el crimen organizado", en Revista Occidental, Estudios Latinoamericanos, Nº 3, 1995, (IICLA), México, pp. 253-302.

107. Ver al respecto artículos "Adquiere características de escándalo el "Yomagate"", diario Ambito Financiero, 26 de julio de 1991, p. 1; y "La larga historia del Narcogate", diario Página/12, 14 de julio de 1992, p. 2.

108. Consultar artículos "Amira Yoma, procesada por lavado de dólares", diario Clarín, 25 de julio de 1991, pp. 2-3 ; "Previsible", Ambito Financiero, 25 de julio de 1991, p. 1; y "Preventivas para Amira y para Caserta. Todo empezó con una valija", Página/12, 14 de julio de 1992, pp. 2-3.

109. "Coletazo de un escándalo internacional. El Gobierno decretó el cierre de la filial argentina del BCCI", Clarín, 26 de julio de 1991, pp. 6-7; "El Banco Central cierra hoy la filial del BCCI en la Argentina", Ambito Financiero, 29 de julio de 1991, p. 9; "También el Central prevé investigar el Banco", Clarín, 31 de julio de 1991, p. 3; y "Tras demora formal, hoy cierran filial de Bs. Aires", Ambito Financiero, 30 de julio de 1991, p. 9.

110. Ver al respecto los artículos "EE.UU. inició juicio por fraude al BCCI", Ambito Financiero, 30 de julio de 1991, pp. 9-10; y "Según el fiscal de Nueva York habría ocurrido entre el ’83 y el ’84. Acusaron al BCCI de dar coimas por 500.000 dólares al Central", Clarín, 30 de julio de 1992, pp. 24-25.

111. Ver al respecto editorial "Las promesas", por Daniel Santoro, Clarín, 11 de mayo de 1998, p. 3.

112. "Apuran la ley contra el lavado de dinero", La Nación, 7 de febrero de 1998, p. 6.

113. "Las promesas", op.cit.

114. El caso de lavado de dinero de los miembros de la familia Ibagón estuvo a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. En marzo de 1997, Oyarbide abrió la causa 1097/97 caratulada "N.N. según infracción de la ley 23.737" que reprime el narcotráfico –pero que contiene un solo artículo referido al lavado de dinero, el número 25-, y ordenó a la Policía Federal que realizara tareas de inteligencia sobre los sospechosos movimientos de la familia colombiana en casas de cambio del microcentro porteño. Pero el juez no adoptó ningún paso concreto, falencia que motivó que la DEA presionara a favor de una ley que castigaría específicamente el lavado de dinero y de una ley del arrepentido. Ver al respecto el artículo "Reclamo por una causa que maneja el juez Oyarbide. EE.UU. solicitó que la Justicia active la lucha contra el narcotráfico", por Daniel Santoro, Clarín, 11 de mayo de 1998, p. 2.

115. Para la DEA, la ley del arrepentido era la única forma de romper con los "pactos de sangre" en las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes en la Argentina. Sin una ley de este tipo, tanto la DEA como las autoridades gubernamentales coincidían en que "lo único que se consigue es llenar las cárceles de mulas (transportes) y perejiles". Ver al respecto el artículo "Interés de la DEA en la legislación argentina. La presión se extendió a la ley del arrepentido", Clarín, 11 de mayo de 1998, p. 3. Según una encuesta sobre 800 casos consultados en Capital Federal y Gran Buenos Aires, difundida el 10 de mayo de 1998 y publicada por el diario Clarín en su edición del 11 de mayo, un 47% de la población creía en ese momento que los senadores peronistas votaron en contra de la ley del arrepentido para perjudicar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, mientras que un 41% opinaba que lo hicieron por presiones del Gobierno. Asimismo, un 37% creía que los legisladores del PJ no habían aprobado la ley por presiones provenientes del empresario Alfredo Yabrán. Ver datos de esta encuesta en artículo "El rechazo de los senadores a la ley, según una encuesta", Clarín, 11 de mayo de 1998, p. 3.

116. "Después de las quejas de EE.UU. Lavado de dinero: mandan ley al Congreso", Clarín, 14 de mayo de 1998, p. 22.

117. "La lucha contra el narcotráfico. Advierten sobe el lavado de dinero. EE.UU. reiteró su preocupación por el lavado de divisas en Buenos Aires", por Rafael Saralegui (h.), La Nación, 3 de marzo de 1999, p. 11.

118. Idem nota anterior.

119. La financiera recibía giros provenientes del Bank of America de EEUU, en lo que se conoce como el primer caso concreto de lavado de narcodólares. Ver al respecto los artículos "Lavado: admiten giros desde EE.UU.", por Joaquín Morales Solá, La Nación, 3 de diciembre de 1999, pp. 1 y 12; y "Allanamiento en Mercado Abierto", La Nación, 3 de diciembre de 1999, p. 12.

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