Las autoridades continuaron deteniendo y enjuiciando a personas que expresaban su disidencia en Internet o asistían a manifestaciones. También siguieron utilizando leyes antiterroristas para procesar a periodistas y participantes en acciones pacíficas, y para cerrar o amenazar con cerrar asociaciones. El personal penitenciario torturaba y maltrataba impunemente a la población reclusa. Las autoridades cerraron tres iglesias y denegaron las licencias para construir otras, y además restringieron la libertad de circulación de activistas y periodistas. Tres abogados fueron procesados en relación con su defensa de personas que ejercían el activismo político o por protestar por una muerte sospechosa bajo custodia. Se denunciaron 37 femicidios; no se introdujeron cambios en la ley para proteger a las mujeres. Los tribunales impusieron condenas a muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones.
Leer másRetains the death penalty in law, but hasn’t executed for at least 10 years
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
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