El ofrecimiento opositor de la primera diputación por Managua a la comunicadora Berta Valle; el suspenso en torno a la respuesta del ofrecimiento, y su aceptación mediante un muy emotivo mensaje, fue una especie de telenovela política que cautivó la atención de algunos. Pero este hecho tiene elementos de mayor profundidad que pueden reconfigurar el derecho a ser electo en Nicaragua.
Yo visualizaba como paradigma de la consolidación democrática de un país, la institucionalización democrática de los partidos políticos hasta que en diciembre del 2013, durante la presentación de un estudio en el IIDH en Costa Rica, constaté que los partidos más efectivos y que ganan elecciones en Latinoamérica no son los más democráticos. El hecho que el voto en Latinoamérica no premie la cultura democrática de los partidos lo asocio a una escuela de liderazgo pobre a lo interno de los partidos y una notoria incompetencia profesional de sus cuadros, solo destacan por su militancia partidaria.
Este problema legitima la idea de buscar caras nuevas “no vinculadas a la política”, es decir, los llamados candidatos independientes. Estos, son personas que sin pertenecer a un partido político aceptan la nominación para un cargo de elección popular, lo que por un lado permite una alianza estratégica que mejora la imagen del partido ante los electores y por otro lado, desestimula la consolidación democrática y competitividad interna en los partidos, menoscabando el derecho de asociación con fines políticos.
No dudo que este “paracaidismo político” es necesario para reavivar la credibilidad opositora y presentarse a las elecciones con candidatos más competitivos y una imagen de apertura. Pero los candidatos independientes no resuelven un problema toral de la democracia en Nicaragua, ya que se fortalece la polarización entre el régimen y la oposición, dejando de lado los problemas estructurales del país.
En una democracia aceptable, la visualización de los problemas estructurales recae en el pluralismo político, el cual ha sido anulado por Ortega con sus juegos de quitar y entregar a su mejor postor la representación legal de los partidos. La polarización torna incompetente a la clase política en general y su recuperación pasa no por la inclusión de candidatos independientes, sino el reconocimiento de candidaturas independientes.
La observación general 25 sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la ONU en 1996, establece en su artículo 17: “El derecho de las personas a presentarse a elecciones no deberá limitarse de forma excesiva mediante el requisito de que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a determinados partidos”. Esta interpretación del derecho a ser electo permite a las personas postularse por cuenta propia a un cargo de elección popular sin necesidad de ser propuesto por un partido político.
Entre otras cosas, el reconocimiento de candidaturas independientes permitiría: Ampliar el reconocimiento del derecho a ser electo, al no vincularlo a la pertenencia o postulación de un partido político; es una alternativa a la polarización que simplifica el discurso y margina los problemas estructurales; genera una clase política más competente; promueve liderazgos locales; es una alternativa ante la falta de democracia interna en los partidos; renueva la credibilidad de la sociedad en la clase política; y plantea el debate de la necesidad de equidad en la contienda electoral respecto del acceso a medios de comunicación y reglas de financiamiento.
Pareciera un contrasentido que sugiera la regulación de candidaturas independientes considerando el actual contexto político, donde se necesita sumar voluntades para poner fin al régimen, pero la principal preocupación opositora no debe ser la competencia, sino la incompetencia. Si la oposición no genera un consenso lo suficientemente amplio a su alrededor, debe ampliar el debate público para sentar las bases de un nuevo consenso por medio de las candidaturas independientes.
El autor es maestro en Derechos Humanos
