Los diputados orteguistas aprobaron la iniciativa de ley que declara “Sitio Histórico San José de las Mulas”, a petición del dictador Daniel Ortega, en homenaje a 23 jóvenes que murieron a causa de los enfrentamientos armados entre los sandinistas y la llamada contrarrevolución, el 27 de febrero de 1983. Siete meses después sería aprobada la Ley del Servicio Militar obligatorio, derogada en 1990 por Violeta Barrios de Chamorro.
Ortega envió este jueves 18 de febrero la iniciativa de ley con trámite de urgencia al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, conforme a lo establecido en el artículo 141, párrafo quinto de la Constitución Política y el artículo 105 de la Ley No. 606, Ley Orgánica del poder legislativo y sus reformas incorporadas, según lo leído en el documento por la diputada orteguista Loria Raquel Dixon, primera secretaria de la Asamblea Nacional.
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A la sesión de la Asamblea Nacional se hicieron presentes ocho representantes de los 23 fallecidos la madrugada de aquel 27 de febrero de 1983, en el territorio montañoso llamado San José de las Mulas, circunscripción del municipio de Matiguás, departamento de Matagalpa. Los jóvenes eran miembros del batallón denominado 30-62 y se enfrentaron a una columna de la contrarrevolución.
La votación para la aprobación de la iniciativa de ley que declara “Sitio Histórico San José de las Mulas” se definió con los 70 votos a favor de la bancada sandinista, que domina la Asamblea Nacional, institución controlada por la dictadura, un voto en contra del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), una abstención y 17 presentes.
Les recuerdan masacre de 2018
Sin embargo, la diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Azucena Castillo, recordó a la aplanadora sandinista también la masacre contra los jóvenes que se levantaron en abril de 2018, perpetrada por el régimen sandinista que dejó un saldo fatal de más de 325 personas brutalmente asesinadas, según datos de organismo de derechos humanos nacionales e internacionales.
Asimismo recordó que en esa guerra perdieron la vida jóvenes y niños, de ambos bandos y que “las madres los están llorando y los llorarán toda la vida, como las que perdieron a sus hijos tras el estallido de la rebelión de abril de 2018”. “Ese dolor no se borra con un sitio histórico, pero sí que no se repita como se sigue repitiendo porque los jóvenes, estudiantes siguen cayendo y no son delincuentes, eran estudiantes los que cayeron en abril, eran estudiantes los que cayeron el 30 de mayo, son estudiantes equivocados o no equivocados, como lo ven ustedes, es el dolor de esas madres de hoy y siempre”, manifestó Castillo.
La diputada liberal considera que declarar a San José de las Mulas un sitio histórico, es apenas un simbolismo, que no les devuelve sus hijos a los padres, ni a las madres. “Y por mucho que los queramos llenar de coraje a esos padres porque sus hijos fueron valientes, sus hijos están enterrados, no los van a recuperar, pero sí estos padres y estas madres pueden ver que los hijos de los ciudadanos que viven en San José de las Mulas puedan tener trabajo, llevar comidas a sus hogares, hacer familias nobles, dignas y no seguir pensando en monumentos de muertos, porque a los jóvenes los queremos vivos en este país”, agregó Castillo.
Por su parte el también diputado liberal, Maximino Rodríguez, manifestó que declarar a San José de las Mulas un sitio histórico, 38 años después de los trágicos hechos, significa un circo más del régimen, en víspera de las elecciones generales a realizar el próximo del 7 de noviembre, por disposición constitucional.
Es decir, “hay que avivar a las bases y decirles que estamos con ellas, cuando realmente han sido olvidadas y viven a la intemperie, cuando otros viven en grandes mansiones y con grandes escuadrones de seguridad, cuando realmente las personas que sufrieron la guerra ni siquiera tienen garantizado el pan de cada día. 15 años en el poder Daniel Ortega y no ha hecho absolutamente nada por ese sitio histórico”, crítico Rodríguez.
Porras a la defensa
En respuesta de los argumentos expuestos por los diputados liberales, sobre la masacre del régimen contra las protestas civiles de 2018, Porras dijo que tenía que expresar una aclaración necesaria “la iniciativa de ley, si bien es cierto viene de la Presidencia de la República, pero es una iniciativa impulsada por las madres y los sobrevivientes de San José de las Mulas, para que tengamos respeto ante esa iniciativa”, expresó.
El orteguista Edwin Castro también pidió disculpas a los presentes. “Nuestra disculpa por lo que han tenido que oír, pero qué se puede esperar de personas que no han tenido en su vida respeto por la vida, y menos por la vida de los jóvenes”, dijo Castro, calificando los argumentos de los diputados liberales como “hipocresía histórica”.
Hace 38 años, durante el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que también encabezó Daniel Ortega, los jóvenes eran enviados a las montañas del norte del país donde se estaban dando intensos enfrentamientos armados entre los sandinistas y militares de la llamada contrarrevolución, estos últimos financiados por el Gobierno de Estados Unidos de ese entonces. En ese contexto, 23 jóvenes y adolescentes integrantes de la Juventud Sandinista, algunos de ellos estudiantes de secundaria, fueron enviados a las montañas de Matagalpa, con escasa preparación militar donde se encontraron cara a cara con una fuerza adiestrada, mejor armada y con experiencia.
Este hecho se dio en la víspera de la primera visita del papa Juan Pablo II, a quien las madres de los asesinados durante la misa campal, motivadas por la dirigencia sandinista, le pidieron orar por el alma de sus hijos. El envío de jóvenes al frente de guerra se daba incluso antes de la instauración por ley del Servicio Militar obligatorio, aprobado siete meses después de esta masacre y promovido por el Gobierno sandinista como un acto “patriótico”.