Domingo 1 de agosto de 2021
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Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera y José Adán Aguerri fueron detenidos este martes, 8 de junio de 2021. LA PRENSA.
Defensores de derechos humanos condenan persecución penal en contra de precandidatos
Organizaciones defensores de derechos humanos condenaron la persecución penal a candidatos presidenciales que mostraron sus aspiraciones de competir por la presidencia en las elecciones del próximo 7 de noviembre, utilizando leyes que violentan los derechos fundamentales. 
Por Arlen Pérez / Lucila Campbell
Publicado 9 de junio de 2021 05:02 PM
Organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron la persecución penal a candidatos presidenciales que mostraron sus aspiraciones de competir por la Presidencia en las elecciones del próximo 7 de noviembre, utilizando leyes que violentan los derechos fundamentales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (Oacnudh) condenaron de manera categórica, a través de un comunicado, la persecución penal.
De acuerdo con la nota de prensa, tanto la CIDH como Oacnudh están al tanto de que desde el 19 de mayo las autoridades nicaragüenses iniciaron una investigación en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, por presuntos cargos de lavado de dinero basados en la «Ley No. 977 contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva», adoptada en julio de 2018 por su rol al frente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
En su acusación, la Fiscalía solicitó su inhibición para optar a cargos públicos, retención migratoria, prohibición de concurrir a «determinadas reuniones y lugares» y la prohibición de comunicarse con personas vinculadas a la investigación.
La CIDH y la Oacnudh recibieron información de que el 5 de junio funcionarios de la Policía detuvieron al precandidato presidencial Arturo Cruz Sequeira, después de haber aterrizado en el aeropuerto de Managua. Al respecto, el Ministerio Público informó estar realizando una investigación de conformidad con la «Ley No.1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz», que prevé la prohibición a optar a cargos de elección popular. El señor Cruz Sequeira estaría siendo investigado por delitos de «provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
Según la información recibida, el 7 de junio se llevó a cabo la audiencia preliminar en contra del señor Arturo Cruz Sequeira, en la cual se habría impedido la participación de su representante legal asignándosele en su lugar un defensor de oficio. Se ordenó la detención, sin acusación fiscal hasta por 90 días, de conformidad con la Ley No. 1060, que reformó el Código Procesal Penal el pasado mes de febrero. Igualmente, se observa que el mismo día de la audiencia preliminar funcionarios de la Policía allanaron la vivienda del precandidato, presuntamente sin permitir el ingreso de sus abogados y sin presentar orden judicial, ni el acta de ocupación de bienes confiscados.
Adicionalmente, el 7 de junio, el Ministerio Público citó a entrevista al precandidato presidencial por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Félix Maradiaga Blandón, sin especificar la causa penal por la que está siendo investigado. El 8 de junio, el señor Maradiaga se presentó a la citación y luego de un interrogatorio fue detenido por efectivos policiales, de conformidad con la ya citada Ley No. 1055.
Ese mismo día, la CIDH y la Oacnudh también tuvieron conocimiento que con base en acusaciones análogas la Policía Nacional también detuvo al precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro García, al igual que a la lideresa política Violeta Mercedes Granera Padilla, y al líder gremial José Adán Aguerri Chamorro.
La Policía Nacional informó públicamente que esas detenciones se llevaban a cabo porque los señores Maradiaga y Chamorro García estaban siendo investigado por «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación».
Uso de leyes que violan derechos humanos
La Comisión y la Oacnudh en varias oportunidades han señalado que “las diversas leyes aprobadas desde el inicio de la crisis de derechos humanos en abril de 2018, incluyendo las tres arriba mencionadas y la reforma electoral adoptada el 4 de mayo pasado, contienen disposiciones que violan normas y estándares regionales e internacionales en materia de derechos humanos, que el Estado de Nicaragua se ha comprometido a cumplir”.
Ambas organizaciones piden dejar sin efecto las normativas que limiten los derechos políticos y libertades públicas, porque podrían ser utilizadas para perseguir a personas percibidas como opositoras al Gobierno.
Violación de derechos humanos de los precandidatos
La CIDH y la Oacnudh resaltan que la persecución penal en contra de los precandidatos de la oposición presenta varios elementos que violan el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un tribunal o juez imparcial, así como otras garantías del debido proceso.
Por otra parte, la CIDH y la Oacnudh hacen presente que estos eventos, sumados a la cancelación de la personería jurídica de dos partidos de oposición y el persistente hostigamiento por parte de las autoridades en contra de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y políticos, periodistas y medios de información independientes continúan socavando la posibilidad de realizar elecciones libres, justas y transparentes erosionando la confianza en las instituciones, profundizando el grave deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua.
En tal sentido, la CIDH y la Oacnudh instan a las autoridades de Nicaragua a liberar de inmediato a todas las personas detenidas en el marco de estas investigaciones, a garantizar su integridad y seguridad personal, y a restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos, en particular, de todas las personas que aspiran a concurrir para cargos de elección pública y de los votantes para que se les permita escoger libremente la opción de su preferencia.
Ante las violaciones de los derechos humanos observadas en el actual contexto, la CIDH y la Oacnudh estrecharán su coordinación en el monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua y reafirman la disponibilidad de ambas instituciones para regresar al país y así coadyuvar, de manera más efectiva, a las autoridades y a la sociedad civil para encontrar soluciones a la crisis de derechos humanos que vive el país, dentro del marco de los estándares internacionales sobre derechos humanos.
Quinta etapa de represión
El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao denunció a través de su cuenta oficial de Twitter que en Nicaragua inició la quinta etapa de la represión: eliminar e inviabilizar toda la oposición política.
🔴 Tercero candidato presidencial de la oposición detenido en #Nicaragua, esta vez .@maradiaga.
Se disparó la quinta etapa de la represión en #Nicaragua: eliminar e inviabilizar toda la oposición política.
Urge implementar la Carta Democrática, que sigue siendo desmoralizada. pic.twitter.com/lJ3au9zy2C
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) June 8, 2021
Análisis coyuntural
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + junto a Gonzalo Carrión, abogado y defensor de derechos humanos, realizaron un análisis coyuntural sobre el aumento de la represión en Nicaragua. Carrión señaló que el aumento de la represión en las últimas 72 horas se debe a alguna estrategia del régimen Ortega-Murillo para conservarse en el poder.
Llamó a esta estrategia como una redada contra las candidaturas y una operación “tierra arrasada”, tratando de erradicar cualquier posibilidad de oposición. Gonzalo Carrión mencionó que Nicaragua ha llegado a altos niveles de represión a pocos meses de las elecciones porque se ha vivido en una sistemática represión desde hace 37 meses y en contexto de la violación de los DD. HH. de los nicaragüenses, señaló que el principal antecedente es la insurrección cívica y pacífica que inició en abril 2018 y la respuesta a tres años después de parte del régimen es “vamos con todo”, agregó el abogado.
 
El abogado Gonzalo Carrión, defensor de #DerechosHumanos del .​@ColectivoNunca + realiza un análisis coyuntural sobre el aumento de la represión del régimen Ortega Murillo en los últimos días https://t.co/ihszIaH4BW
— Colectivo de Derechos Humanos «Nicaragua Nunca +» (.@ColectivoNunca) June 9, 2021
Igualmente, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + denunció la detención arbitraria de José Pallais Arana, integrante de la Coalición Nacional. El colectivo se compromete a seguir repudiando los abusos de poder que niegan los DD. HH. del pueblo nicaragüense.
El .​@ColectivoNunca + repudia la detención arbitraria el día de hoy por parte de la Policía de León en contra de José Pallais Arana, integrante de la .@Coalicion_nic, a quien criminalizan de conformidad al artículo 1 de la Ley No. 1055 conocida como Ley de Soberanía
.@CIDH pic.twitter.com/ZEL9dtMEag
— Colectivo de Derechos Humanos «Nicaragua Nunca +» (@ColectivoNunca) June 9, 2021
Publicado en
Derechos Humanos
Etiquetas
elecciones Nicaragua precandidatos archivo
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