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CONTENIDO EXCLUSIVO.Desde los primeros actos de supuesta investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro hasta la última detención de un opositor, que sería la de Víctor Hugo Tinoco, no ha existido un solo acto de legalidad en las actuaciones de la dictadura orteguista a través de la Fiscalía y de la Policía, explica la jurista María Asunción Moreno.
Para la académica y también miembro de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Daniel Ortega y Rosario Murillo están queriendo hacer creer a la comunidad internacional que ellos están aplicando las leyes de Nicaragua a los opositores, lo cual no es verdad, asevera Moreno, quien considera que el orteguismo ni siquiera está aplicando bien sus propias leyes, las que ha aprobado recientemente con claros objetivos de inhibir electoralmente a sus adversarios políticos y también criminalizarlos.
Como ejemplo, Moreno resalta la Ley 1055, Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Según la jurista, esta ley es administrativa constitucional, no es penal, por lo tanto ni la Fiscalía ni la Policía pueden actuar basándose sobre la misma, como lo han hecho en contra de la mayoría de los últimos detenidos por la dictadura, exceptuando solo a Cristiana Chamorro y a los dos extrabajadores de la FVBCH, Marcos Fletes y Walter Gómez.
“Hay que decirlo, la dictadura no ha cumplido ni con sus propias leyes”, explica Moreno, quien considera que lo más grave de todo esto es que la comunidad internacional pueda creer que Ortega está actuando bajo el más mínimo amparo de legalidad.
No hay detenidos, solo secuestrados
Moreno resalta que actualmente hay cuatro precandidatos presidenciales y nueve líderes opositores, además de los dos extrabajadores de la Fundación, “secuestrados o desaparecidos”. La catedrática explica que no se puede decir que están detenidos porque nadie los ha visto, ni sus familiares ni sus defensores.
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“Todos supuestamente se encuentran detenidos en el Chipote, un centro de detención conocido por prácticas de torturas y malos tratos, y Cristiana Chamorro está bajo arresto domiciliar. Todos están aislados e incomunicados, sus familiares y abogados defensores aún no han podido entrevistarse con ellos. El estado de salud de algunos como José Pallais es delicado debido a las enfermedades crónicas que padece”, alerta Moreno sobre la situación de los detenidos.
Mencionó que la dictadura orteguista no ha cumplido ningún precepto constitucional en la persecución que tiene contra los opositores. Uno de esos preceptos constitucionales violentados ha sido el recurso habeas corpus, también conocido como de exhibición personal. Moreno indica que se le llama exhibición personal porque precisamente se trata de que se constate personalmente que el detenido está ahí, que está bien, que se le pueda ver, ya que hasta el momento solo se sabe de ellos a través de “notas de prensa de la Policía”, a las cuales la ciudadanía no está obligada a creerles. Tiene que ser un juez ejecutor el que constate la situación de un detenido y eso la dictadura no lo está permitiendo.
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La dictadura, a través de sus autoridades penales, está deteniendo a los opositores bajo secretismo, les está realizando audiencias secretas sin defensores y de esa manera el régimen comete tres violaciones gravísimas: no respeta la presunción de inocencia, viola el principio de publicidad de las audiencias y niega el derecho a la defensa. Según la jurista, las audiencias tienen que ser públicas y es la familia la que decide qué abogado defensor asigna al procesado.
Situación es más grave de lo que parece
Para la jurista, la situación es alarmante porque “es más grave de lo que parece” e insiste en que la comunidad internacional debe de estar clara que Ortega no está cumpliendo ni con sus propias leyes, ya que la Ley 1055 no es penal y tampoco es retroactiva por lo que, aprobada en diciembre de 2020, no puede ser utilizada para actos anteriores, como por ejemplo hechos que hayan ocurrido en el año 2018.
De acuerdo con Moreno, hay juristas que pueden decir que Ortega está aplicando leyes represivas y lo peor es que el dictador ni siquiera eso está haciendo. “Todo lo que está haciendo es más grave que eso”, enfatiza la especialista en derecho constitucional. “Hay que estar claros de que Ortega no cumple ni con sus propias leyes. La comunidad internacional debe de estar clara que no hay legalidad en nada de lo que Ortega está haciendo”, insiste Moreno.
Sobre los detenidos, Moreno indica que los policías le reciben la comida a los familiares, pero realmente no se sabe si la reciben o si ellos están en las cárceles orteguistas. “Yo no tengo por qué creerle a la dictadura”, dice Moreno.
La jurista añade que el régimen asegura en sus notas de prensa que se les hacen audiencias de garantías a los opositores para decretarles 90 días de prisión, pero hasta ahora nadie ha visto un acta de esas audiencias porque no las suben al sistema. “Todo se hace bajo el más estricto secretismo, totalmente oscuro todo. Se han hecho audiencias hasta a domicilio, en las noches”, señala Moreno.
“Es oportuno señalar que todas las detenciones han sido arbitrarias e ilegales, e incluso se han realizado en horas nocturnas en abierta violación al artículo 33 de la Constitución. Las audiencias han sido clandestinas, secretas, exprés y a domicilio en las cuales se les ha decretado detención judicial por 90 días a los detenidos a solicitud de la Fiscalía, con base a una ley de reforma al Código Procesal Penal aprobada en febrero de este año, conforme la cual se detiene para investigar. Esta norma es inconstitucional. Durante la realización de estas audiencias especiales a los detenidos se les impone un defensor público impidiendo la elección de su abogado defensor, y con flagrante violación al principio de publicidad y presunción de inocencia. Es decir, que estos líderes opositores se encuentran secuestrados o desaparecidos, incluso los recursos de exhibición personal interpuestos han sido rechazados por el Tribunal de Apelaciones”, remarcó Moreno.
Derechos suspendidos
Moreno también indicó que “los derechos y libertades se encuentran suspendidos de facto y con ello se impide el ejercicio de los derechos políticos mediante el asedio y persecución policial, desde el 2019 como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos firmados. De tal forma que el ejercicio de derechos políticos a la reunión, a la movilización y circulación dentro del territorio, y a la manifestación, es impedido por el aparato policial en coordinación con cuerpos paramilitares”.
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“La situación actual es muy difícil y compleja, estamos en la etapa más crítica de criminalización de la oposición, ya que la estrategia de Ortega es eliminar a la oposición dentro de un proceso electoral. Sin embargo, la oposición debe prepararse y seguir exigiendo un proceso electoral justo, transparente, competido y supervisado nacional e internacionalmente. El futuro electoral es absolutamente incierto, pero no se puede renunciar a la única salida cívica y pacífica con la que contamos los nicaragüenses”, destaca la jurista.
“El día a día de todos los nicaragüenses es de zozobra e incertidumbre, la dictaduras no respetan los derechos humanos, desmantelan las instituciones y el Estado de derecho”, finaliza.