El Ministerio Público de Nicaragua, bajo los intereses del régimen de Daniel Ortega, emitió este martes un comunicado en el que declara bajo investigación a Victoria Cárdenas Lacayo y a Berta Valle Otero, esposas de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, respectivamente.
La Fiscalía refiere la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055), para acusarlas de “atentar contra la sociedad nicaragüense”.
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Victoria Cárdenas salió del país tras el arresto de su esposo, Juan Sebastián Chamorro, y se reunió en el exilio con Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga. Ambas han tenido encuentros con personalidades internacionales para denunciar la detención de sus esposos, que son aspirantes presidenciales, y la situación de represión que vive Nicaragua en pleno año electoral, lo que para el régimen de Ortega es una violación a la Ley 1055.
“La semana pasada Berta Adelma Valle Otero y Victoria Eugenia Cárdenas Lacayo sostuvieron varias reuniones con senadores, congresistas y otros funcionarios del Gobierno de Estados Unidos; reuniones en las que solicitaron utilizar “mecanismos de presión en contra de Nicaragua”. Por tal razón, la Policía Nacional realizó investigación y el Ministerio Público, habiendo hecho el debido análisis presentará acusación, ya que tales acciones se consideran violatorias al ordenamiento jurídico interno”, manifiesta el comunicado de la Fiscalía.
“Existen claros indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo de conformidad con la Ley 1055 y el Código Penal”, agrega el escrito.
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Además, este martes la Policía emitió un comunicado para anunciar que el excanciller Francisco Aguirre Sacasa es investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación y demás establecimientos de la Ley de Soberanía (Ley 1055).
En pleno año electoral, el régimen de Daniel Ortega ha detenido a 29 destacados opositores, entre estos, siete aspirantes presidenciales, entre los que se cuenta a los esposos de Cárdenas y Valle.
Otros opositores se han visto obligados a salir del país por las amenazas de encarcelamiento. El proceso electoral se desarrolla en un clima de represión y asedio policial a los críticos y opositores, así como el control partidario del Consejo Supremo Electoral (CSE).
