OPINIÓN: Busca el presidente AMLO la nacionalización del litio; 36 mineras trasnacionales impiden la soberanía energética de México

La Iniciativa de Ley de la Reforma Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la cámara de Diputados, no solo busca recuperar el papel rector del Estado mexicano en materia de generación de electricidad, también lleva la intención de controlar la explotación de las reservas probadas de Litio.

De aprobarse la Reforma Eléctrica, el gobierno mexicano suprimiría a las empresas particulares -nacionales o trasnacionales- cualquier tipo de concesión minera para la explotación del Litio a futuro, con lo que este mineral alcanzaría el estatus de estratégico para la seguridad nacional de México, colocando al Litio en el mismo nivel de prioridad que el petróleo y el gas.

Con esta medida, que en términos reales es una nacionalización del Litio, México sería el segundo país de América, después de Bolivia, que decide cerrar a las empresas de la iniciativa privada la explotación del Litio, las que han visto en ese recurso el control mundial de la energía.

Y es que el Litio, que se emplea en la elaboración de cerámica y vidrio, en grasas lubricantes, en polvos fundentes y en producción de polímeros y medicamentos, es también utilizado mayormente en la manufactura de baterías para vehículos y dispositivos de telecomunicaciones, por lo que ya es considerado el nuevo combustible del futuro.

El Litio es estratégico también en la industria militar, no solo por su uso en la elaboración de baterías recargables para vehículos y equipos de telecomunicación, sino porque es esencial en la elaboración de bombas de hidrógeno y en dispositivos bélicos teledirigidos.

Más allá de esto, la industria que más podría demandar el uso del Litio a futuro es la automotriz, pues del Litio dependerá la movilización de los automóviles, una vez que se de la transición del uso de gasolinas a vehículos eléctricos, según lo revela el informe de seguridad nacional denominado “El Futuro Energético de México”, el que fue elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en diciembre de 2019.

Por esa razón, la llamada Reforma Eléctrica, que el pasado 1 de octubre fue enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, no solo está diseñada para quitar a las trasnacionales y a la iniciativa privada nacional los privilegios otorgados por la Reforma Energética del ex presidente Enrique Peña para la producción de electricidad, sino que también pretende evitar que el Litio deje de ser explotado por entidades distintas a las que designe el Estado mexicano.

Actualmente, según lo revela la Secretaría de Economía (SE), el gobierno mexicano es dependiente en la producción de Litio, pues los requerimientos de la industria nacional solo son atendidos con las importaciones que se hacen de ese mineral, las que provienen principalmente de Chile, en un 90 por ciento, y de Eslovenia, en un 9 por ciento.

México requiere anualmente más de 900 toneladas de Litio, aun cuando del suelo mexicano se logran extraer más de 2 mil 100 toneladas, solo 300 de ellas se destinan a la planta industrial nacional, el resto –por ser propiedad de la industria trasnacional- se exporta a otros países, lo que genera un déficit de más de 600 toneladas de Litio al año.

La mayor reserva de Litio, explotada por Canadá

El problema de México, con relación a la producción de Litio, no es la escasez de ese mineral, pues nuestro país cuenta con la mayor reserva mundial del llamado “Oro Blanco”, la que se ubica en el estado de Sonora. El problema es que todas las concesiones mineras para la extracción de Litio en México se encuentran en manos de empresas trasnacionales, las que exportan la mayor parte de su producción.

La mayor reserva mundial de Litio se ubica en el municipio de Bacadéhuachi, Sonora, en los límites con el estado de Chihuahua, en donde se encuentra un yacimiento que se extiende bajo una superficie de más de 50 kilómetros cuadrados, sitio –de acuerdo al Servicio Geológico Mexicano- que cuenta con una reserva probada de más de 243 millones de toneladas.

Si México contara solo con ese yacimiento de Litio, dicha reserva mineral, a razón de un consumo de 2 mil toneladas de Litio por año, ese banco mineral sería suficiente para garantizar a nuestro país una autonomía energética a futuro para más de 121 mil 500 años, un período en el que ni siquiera está garantizada la subsistencia humana.

Pero la reserva de Litio de Bacadéhuachi, Sonora, no es propiedad del gobierno mexicano, es un proyecto minero que fue entregado por el gobierno de Felipe Calderón a la empresa Bacanora Lithium, una minera de capital inglés y canadiense que comenzará la extracción del mineral a partir del 2023, estimando una producción anual de por lo menos 35 mil toneladas de Carbonato de Litio.

A cambio de esa extracción, que dejará beneficios económicos a la minera canadiense por más de 3 mil millones de dólares anuales, la empresa Bacanora Lithium, solo pagará al gobierno mexicano la cantidad de 7 millones de pesos cada año. Bacanora Lithium cuenta con una concesión de explotación de Litio por lo menos de 50 años a partir del 2010.

Tierra de conquista

Como si el suelo mexicano fuera aún tierra de conquista, la totalidad de los más de 25 mil 500 yacimientos mineros de todo tipo descubiertos hasta la fecha, son propiedad de empresas trasnacionales; actualmente en México operan 264 compañías mineras trasnacionales, de las cuales el 80 por ciento son corporativos de capital canadiense y norteamericano.

Con relación a los yacimientos de Litio, según el Servicio Geológico Mexicano (SGM), se estima que por lo menos existen 190 puntos geográficos susceptibles de explotación en todo el territorio nacional, de los que 36 de ellos ya se encuentran en manos de empresas trasnacionales, cuyas concesiones fueron entregadas durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, de las 36 minas de Litio que se encuentran en exploración o explotación, fueron entregadas un total de 22, mientras que durante el gobierno de Enrique Peña se entregaron otras 14 concesiones para la explotación de Litio. Durante el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se ha entregado un solo permiso para exploración o explotación de ningún mineral.

Actualmente en la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía, existen por lo menos 87 peticiones de concesión, presentadas por igual número de empresas mineras trasnacionales, las que desde hace por lo menos cinco años están a la espera de que el gobierno mexicano les permita la explotación de alguno de los yacimientos de Litio decretados como susceptibles para la extracción.

Entre las empresas mineras que ya cuentan con concesiones para la extracción de Litio, entregadas por anteriores gobiernos, destacan el consorcio Alix Resources y Lithium Australia, que ya exploran los yacimientos denominados Tecolote, Agua Fría y El Tule, en Sonora; la firma Arian Silver Corporation, de capital inglés, trabaja en la exploración de los yacimientos de Litio en Pozo Hondo, Columpio y Abundancia, en Zacatecas.

La alianza entre las firmas Candence Minerals, Bacanora Mineral y Rare Earth Minerals, de capital canadiense e inglés, cuentan con la concesión para explorar las minas Fleur y El Sauz, en Sonora, mientras que el consorcio español-mexicano formado por las firmas Litio Mex y Sutti Mining, ya exploran los yacimientos de Salinas en San Luis Potosí y Santa Clara en Zacatecas.

A la lista de empresas mineras dueñas del Litio mexicano se suman también la canadiense One Word Minerals que tiene bajo su propiedad la concesión del predio Salar de Diablo, en Baja California; la Pan American Lithium de Estados Unidos y la Minera Escondida Internacional de capital mexicano, están explorando la mina Cerro Prieto en Baja California. Por su parte la minera Opción Alset Energy, de España, en alianza con la mexicana Sutti Mining, siguen trabajando en la exploración del yacimiento de Litio en el predio El Barril, en Zacatecas.

En la mina de Litio Pozo Hondo, en Zacatecas, también está operando en trabajos de exploración la minera inglesa Alien Metals, la misma que igualmente se ha hecho de la propiedad de las minas de Litio La Abundancia y Columpio, en el estado de Zacatecas.

Igual que en Bolivia

La decisión del presidente López Obrador de nacionalizar los yacimientos de Litio, en el decreto aparejado con la Reforma Eléctrica, no es fortuita. Es resultado del ejemplo vivido en Bolivia, en donde la disputa por el Litio, entre empresas trasnacionales y el gobierno de esa nación, llevó a un estado de inestabilidad política.

Hay que recordar la versión pública emitida por el presidente de Bolivia, Luis Arce durante su reciente visita a México, quien dijo que uno de los financiadores del golpe de estado que se vivió en aquella nación, que obligó al exilio al ex presidente Evo Morales y al propio Luis Arce, fue la empresa Tesla.

Según el presidente boliviano, la firma Tesla entró en desacuerdo con el gobierno de Bolivia por la decisión de este de nacionalizar el Litio, quitándole el control del Litio a la firma de Elon Musk, lo que desencadenó la persecución del presidente Evo Morales.

Pero al margen de cualquier teoría especulativa, lo que sí resulta un hecho es la operación de la empresa minera china AA Mine Holding, que cuenta con un permiso de explotación de 50 años para la zona El Aguajito-El Pinole, en Baja California, la cual ha obligado el desplazamiento de los habitantes de la zona.

De todas las mineras que cuentan con concesiones para la extracción de Litio en suelo mexicano, la que más concesiones tiene es la canadiense Organimax, la que explota las minas La Doncella, Saldívar, Santa Clara, Salitral, Caligüey, El Barril y la Salada en Zacatecas, así como la Mina Hernández, La Colorada, Chapala y San José, en San Luis Potosí y las minas Los Remedios, Mayra y Viesca, en Coahuila.